L D (Agencias) La sentencia absuelve a Sastre de los delitos de coacciones y de amenazas que observó la acusación particular, por los cuales pedía dos años y cuatros años y seis meses de prisión, respectivamente, contra el acusado. Los hechos juzgados se remontan al 13 de agosto de 2004, cuando el condenado -junto con otras dos personas, una de ellas el diputado de ERC en el Congreso Joan Puig- se acercó a la piscina de la vivienda del periodista en la Costa de los Pinos y trató de nadar en ella, lo que fue impedido por el servicio de seguridad de la casa.
Con esta acción, Sastre pretendía denunciar la que consideraba "una piscina ilegal por haberse construido invadiendo la zona marítimo terrestre y por impedir el derecho de paso", según establece la sentencia en su relato de los hechos probados. Al día siguiente, Sastre envió un correo electrónico a Ramírez y a los medios de comunicación en el que hacía un llamamiento a la "movilización general" y a "a ir a nadar" a la citada piscina porque, argumentaba, era "de uso público y gratuito", al tiempo que anunciaba que volvería a irrumpir en la instalación, acompañado de periodistas y de un notario.
Tras la celebración del juicio oral por esta causa, el magistrado entiende que el acusado ha incurrido en una falta de coacciones porque se interpretan como éstas "obligar a alguien a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto". En este sentido, abunda que "se fuerza a los señores Ramírez y (Ágata) Ruiz de la Prada a ceder el uso de la piscina que detentan desde la adquisición de la vivienda a su anterior titular, uso que se ha permitido durante más de 30 años", sin "ninguna decisión administrativa y sin poder ejercitar su derecho a oposición".
En cuanto a si la acción del acusado puede considerarse delito, el juez entiende que, a pesar de que tiene gravedad, "no consta que se haya tenido que reforzar la seguridad de la vivienda" o que haya determinado que la familia del periodista renuncien a la utilización de las instalaciones. El magistrado, por otro lado, rechaza que hubiera amenazas, ya que de las manifestaciones del acusado "no se objetiva" el anuncio de "un mal para provocar la intranquilidad del sujeto pasivo, que es la esencia del tipo de amenazas".
El escrito recuerda que el fiscal pedía para el acusado una multa de 30 euros diarios por quince días, al observar una falta de coacciones.
Con esta acción, Sastre pretendía denunciar la que consideraba "una piscina ilegal por haberse construido invadiendo la zona marítimo terrestre y por impedir el derecho de paso", según establece la sentencia en su relato de los hechos probados. Al día siguiente, Sastre envió un correo electrónico a Ramírez y a los medios de comunicación en el que hacía un llamamiento a la "movilización general" y a "a ir a nadar" a la citada piscina porque, argumentaba, era "de uso público y gratuito", al tiempo que anunciaba que volvería a irrumpir en la instalación, acompañado de periodistas y de un notario.
Tras la celebración del juicio oral por esta causa, el magistrado entiende que el acusado ha incurrido en una falta de coacciones porque se interpretan como éstas "obligar a alguien a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto". En este sentido, abunda que "se fuerza a los señores Ramírez y (Ágata) Ruiz de la Prada a ceder el uso de la piscina que detentan desde la adquisición de la vivienda a su anterior titular, uso que se ha permitido durante más de 30 años", sin "ninguna decisión administrativa y sin poder ejercitar su derecho a oposición".
En cuanto a si la acción del acusado puede considerarse delito, el juez entiende que, a pesar de que tiene gravedad, "no consta que se haya tenido que reforzar la seguridad de la vivienda" o que haya determinado que la familia del periodista renuncien a la utilización de las instalaciones. El magistrado, por otro lado, rechaza que hubiera amenazas, ya que de las manifestaciones del acusado "no se objetiva" el anuncio de "un mal para provocar la intranquilidad del sujeto pasivo, que es la esencia del tipo de amenazas".
El escrito recuerda que el fiscal pedía para el acusado una multa de 30 euros diarios por quince días, al observar una falta de coacciones.