LD (Europa Press) El Consejo achaca esta subida al aumento del precio de la vivienda, pero principalmente al crecimiento de los tipos de interés. La proporción de jóvenes con empleo alcanzó en el segundo trimestre de 2006 el 68,7 por ciento, el porcentaje más alto desde el primer trimestre de 2003, aunque el Consejo de Juventud de España destacó la "creciente temporalidad", donde los contratos temporales representan ya casi uno de cada dos puesto de trabajo, el 47,6 por ciento del total. La muestra contempla jóvenes de entre 18 y 34 años, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), un sueldo medio de 15.000 euros brutos anuales y un máximo tolerable del 30 por ciento del sueldo total.
Por provincias, los jóvenes de Vizcaya son los que más esfuerzo deben realizar para acceder a una vivienda, con el 82,4 por ciento de su sueldo, seguido de Málaga (+79,9 por ciento), Madrid (+79,6 por ciento), Barcelona (+79,5 por ciento) y Guipúzcoa (+78,5 por ciento). En el extremo opuesto se situó Teruel, que es la provincia que menos esfuerzo se ve obligada a realizar, con un 33,7 por ciento del sueldo medio, seguido de Ciudad Real (37,2 por ciento), Cáceres (38,2 por ciento), Lérida (38,2 por ciento) y Badajoz (39,4 por ciento).
Separando los datos por comunidades, ya son nueve las que cuentan con una proporción de jóvenes superior al 50 por ciento en tasas de temporalidad, frente a las seis del segundo semestre de 2005, de forma que Andalucía, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla-La Mancha cuentan con menos trabajando como fijos que con contrato temporal.
El vicepresidente del Consejo de Juventud de España, José Luis Arroyo Sánchez, ha declarado durante la presentación de los datos que es "necesario" que el Gobierno desarrolle políticas para potenciar la emancipación y se limite la vivienda desocupada, que "es utilizada en muchos casos para especular con el mercado". En este sentido, Arroyo alabó la decisión del gobierno catalán de sacar adelante el proyecto de ley de derecho a la vivienda que contempla intervenciones temporales y multas de hasta 900.000 euros para fomentar el uso en alquiler de vivienda desocupada, y destacó que esta propuesta legislativa "sustituye la concepción material" de la vivienda por su "idea constitucional" de derecho social.