LD (EFE) El adjunto a la Presidencia de Ausbanc Consumo, Ángel Garay, dijo que la asociación prestará asesoramiento jurídico y técnico a las asociaciones interesadas y, a su vez, éstas remitirán a sus asociados los acuerdos de Ausbanc y recabarán información y documentación de todas las personas que quieran adherirse a las acciones jurídicas o de otra índole. Garay explicó que se tendrán en cuenta también las reclamaciones previas a la crisis de la aerolínea y recordó que precisamente fue ya en 2005 cuando se creó la Plataforma de Afectados de Air Madrid por su ineficaz funcionamiento, grandes retrasos y cancelaciones.
Asimismo, dijo que siendo Air Madrid el primer responsable de la crisis, las autoridades -en referencia a los Ministerios de Fomento y de Sanidad y Consumo- deben asumir su cuota de responsabilidad, tanto jurídica como patrimonial, por lo que sentarán las bases de la reclamación por responsabilidad Patrimonial del Estado.
De momento, Ausbanc iniciará las acciones a falta de todos los documentos y ha colgado en su página web una carta tipo para los usuarios a fin de empezar a recabar información y comenzar la acción colectiva a partir de finales de enero. En relación a las personas que se encuentran fuera de España, que podrán acceder a la información a través de internet, desde Ausbanc se ha hecho un llamamiento a las aerolíneas para que no aprovechen esta situación "dramática" de los inmigrantes que quieren volver de distintos países hacia España y no pidan tarifas "disparatadas".
Ausbanc iniciará una campaña de acciones judiciales y negociaciones para obtener compensación por los perjuicios sufridos, "sin perjuicio de otras acciones contra directivos o aseguradoras, entre otros". La asociación afirma que en la crisis de Air Madrid se han infringido una serie de derechos como los del Reglamento Comunitario en materia de cancelación de vuelos, el derecho de Explicación, el de Asistencia a los viajeros, el de Reembolso, de Compensación -que requiere entre 250 euros por vuelo hasta 600 euros, según la distancia- y el derecho de Indemnización.
Para la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios el Reglamento Comunitario establece que los Estados miembro deben tener un organismo, que en el caso de España serían Aviación Civil y la Dirección General de Consumo, que se ocupe de hacer cumplir la normativa a las compañías aéreas. Por esta razón, además de pedir responsabilidades a Air Madrid, la asociación reclamará la Responsabilidad Patrimonial del Estado por no haber tomado las medidas necesarias.
Asimismo, dijo que siendo Air Madrid el primer responsable de la crisis, las autoridades -en referencia a los Ministerios de Fomento y de Sanidad y Consumo- deben asumir su cuota de responsabilidad, tanto jurídica como patrimonial, por lo que sentarán las bases de la reclamación por responsabilidad Patrimonial del Estado.
De momento, Ausbanc iniciará las acciones a falta de todos los documentos y ha colgado en su página web una carta tipo para los usuarios a fin de empezar a recabar información y comenzar la acción colectiva a partir de finales de enero. En relación a las personas que se encuentran fuera de España, que podrán acceder a la información a través de internet, desde Ausbanc se ha hecho un llamamiento a las aerolíneas para que no aprovechen esta situación "dramática" de los inmigrantes que quieren volver de distintos países hacia España y no pidan tarifas "disparatadas".
Ausbanc iniciará una campaña de acciones judiciales y negociaciones para obtener compensación por los perjuicios sufridos, "sin perjuicio de otras acciones contra directivos o aseguradoras, entre otros". La asociación afirma que en la crisis de Air Madrid se han infringido una serie de derechos como los del Reglamento Comunitario en materia de cancelación de vuelos, el derecho de Explicación, el de Asistencia a los viajeros, el de Reembolso, de Compensación -que requiere entre 250 euros por vuelo hasta 600 euros, según la distancia- y el derecho de Indemnización.
Para la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios el Reglamento Comunitario establece que los Estados miembro deben tener un organismo, que en el caso de España serían Aviación Civil y la Dirección General de Consumo, que se ocupe de hacer cumplir la normativa a las compañías aéreas. Por esta razón, además de pedir responsabilidades a Air Madrid, la asociación reclamará la Responsabilidad Patrimonial del Estado por no haber tomado las medidas necesarias.