L D (EFE) La subsecretaria de Naciones Unidas para Operaciones de Paz, Jane Holl Lute, informó que, entre enero de 2004 y noviembre del año pasado, se han investigado denuncias que afectan a 319 participantes en misiones de paz, lo que ha derivado en el despido inmediato de 18 civiles, y la repatriación de 17 agentes de policía y 144 militares.
Sólo en el caso del Sudán, denunciado recientemente por el diario británico Daily Telegraph, se están investigando trece casos, entre los que figuran los cuatro soldados de Bangladesh expatriados. Este diario informó hace unos días de que soldados pertenecientes a las fuerzas de paz internacionales y funcionarios de las Naciones Unidas en el sur de Sudán "violan a menores en esa zona".
Según el rotativo británico, más de 20 menores en la ciudad de Yuba, capital del sur de Sudán, fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con miembros de las fuerzas de paz y funcionarios de Naciones Unidas. Daily Telegraph se basó en su publicación en un informe de El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que asegura que la edad de las menores no supera los 12 años.
Investigación exhaustiva
La subsecretaria para Operaciones de Paz afirmó que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre estas denuncias, aunque aclaró, no obstante, que no se ha determinado si se trata de casos antiguos y en los que ya se han tomado medidas, o se refieren a instancias recientes.
El comportamiento de cualquier "casco azul" afecta a "la reputación de todos, por lo que la organización mundial toma muy en serio cualquier acusación", explicó la funcionaria. Holl Lute destacó que cuando se hacen acusaciones puede ser difícil determinar si tienen o no fundamento, ya que se producen en países devastados por conflictos. "Por lo tanto, la organización tiene la doble responsabilidad de respetar los principios de diligencia y de proceso debido cuando investiga estos casos", dijo Holl Lute.
Recordó, además, que la competencia de juzgar estos delitos no es de la ONU, sino de los países de origen de las personas investigadas, la mayor parte militares. Asimismo, la subsecretaria aclaró que si un Estado miembro no acepta ajustarse a los estándares de Naciones Unidas respecto al castigo de los responsables de abusos, la ONU está dispuesta a prescindir de los servicios de mantenimiento de la paz provenientes de ese país.