L D (Agencias) El juez reactiva así el caso después de que el pasado 5 de diciembre, el Tribunal Supremo admitiera un recurso de la viuda y de los hijos de Couso contra la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de archivar la causa por considerar que se trataba de un acto de guerra que no correspondía ser investigado por esta sede judicial.
A petición de la familia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha dictado órdenes de detención internacional contra el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, que se encontraban en el tanque que disparó contra el hotel Palestina.
Por otra parte, y también a petición del abogado de la familia, Pedraz ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un dictamen sobre la posibilidad de proceder al embargo de bienes de la Administración de los Estados Unidos para hacer frente a la posible responsabilidad civil subisidiaria en la que podría incurrir de ser condenados los tres militares.
En concreto, el abogado de la viuda de Couso, Leopoldo Torres, solicitó al juez que solicitara un millón de dólares a los tres militares e idéntica prestación de fianza por parte de la Administración Federal de Estados Unidos como medida cautelar dirigida a la reparación e indemnización efectivas de las responsabilidades pecuniarias y civiles derivadas de la muerte del cámara.
Respecto a las tres órdenes de detención, Pedraz ya las había dictado por primera vez el 19 de octubre de 2005, pero su decisión quedó sin efecto después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara el pasado 10 de marzo archivar la causa al considerar que se trató de un "acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado" y que España no era competente para juzgar a los militares norteamericanos.
Finalmente, el pasado 14 de diciembre, el Tribunal Supremo resolvió que la Audiencia Nacional era el tribunal competente para investigar estos hechos, fundamentalmente, porque la nacionalidad de Couso, muerto en Bagdad (Irak) por disparos de un tanque estadounidense, supone un plus de legitimación para que la Justicia española -y concretamente la Audiencia Nacional- investigue el caso. Así dispuso remitir la causa al instructor, que la reactivó este martes, vía Interpol, las órdenes internacionales de detención de los tres militares: el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp.
Tras la decisión del Supremo, el abogado de la viuda solicitó la pasada semana al juez que volviera a ordenar estas detenciones y que decretara la prisión incomunicada y sin fianza de los militares, al entender que fueron ellos los que dieron la orden o dispararon desde el tanque causando la muerte de Couso. El abogado indicó, tras hacer estas peticiones, que de no prosperar lo solicitado o en el caso de que Estados Unidos no extradite a los tres militares, la familia de Couso y él están dispuestos a recurrir a otras instancias, como a la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 23 de diciembre.