L D (Europa Press) Esta actuación de la juez supone el paso previo a la apertura de juicio oral contra los mandos policiales de la Policía Científica imputados por Gallego por los delitos de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento. No es algo nuevo porque ya hizo lo mismo hace dos meses. Sin embargo, un recurso admitido sobre un defecto de forma ha obligado a la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid a repetir algunas diligencias. Las nuevas pruebas no ha variado la situación procesal de los cuatro acusados.
Así, se sentarán en el banquillo el comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, el secretario general de esta Comisaría; Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis; José Andradas, y el jefe de la Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez.
La decisión de la magistrada se produce días después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmase el auto del pasado 6 de noviembre que anuló la imputación por falsedad que acordó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, a quienes la juez volvió a tomar declaración en calidad de testigos. Estos tres agentes habían sido imputados por Garzón antes de que el magistrado de la Audiencia Nacional tuviera que inhibirse del caso por incompetencia. Ahora los que habían sido acusados son testigos y la cúpula policial a la que había exonerado Garzón serán juzgados por falsificación documental.
La juez Gallego resalta que de las declaraciones prestadas tanto por los peritos como por sus superiores se deduce que existen "diferentes indicios" de la participación de los últimos en la "manipulación material" del documento, siguiendo sus "indicaciones y con su conocimiento". Por ello, estima que su conducta pudiera ser constitutiva de un delito de falsedad documental y falso testimonio. En el caso de Santano, la juez entiende que también podría incurrir en un delito de encubrimiento.
Sobre el informe, que había sido solicitado por la Comisaría General de Información, subraya que los peritos incluyeron unas observaciones en las que se hacía constar una relación de otros informes sobre la sustancia que había sido hallada en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los 29 procesados por los atentados del 11-M. Destaca, igualmente, que los superiores de Escribano, López Cidad y Manrique, consideraron "inconveniente" que constara, por lo que Ramírez pidió que suprimiesen las indicaciones. Dice el auto que "el imputado Ramírez requirió a losperitos para que las suprimieran, en la forma dispuesta en las indicaciones escritas por Mélida, que previamente había elevado consulta al Comisario, mediante el oportuno comunicado de novedades". Ante la negativa de Escribano de eliminar las observaciones, Ramírez "modificó" el informe para que "no constara ninguna" de las observaciones. Según dice, Ramírez "alteró el objeto de la petición solicitada por la Comisaría" y se atribuyó "él mismo la recepción de las muestras de analítica".
También se pronuncia sobre el resto de imputados, de quienes señala que, una vez firmado el informe, Andradas se encargó siguiendo instrucciones de Santano de la remisión del informe de Ramírez al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.
La juez Gallego explica en el auto que deniega la práctica de las diligencias que había solicitado tanto el abogado José Antonio Choclán, que representa a los mandos policiales, como la Abogacía del Estado, porque entiende que "ninguna de ellas resulta imprescindible" para la investigación de la causa.
Entre otras diligencias, el abogado pidió que declarasen como testigos el secretario general de la Comisaría de Información, José María Calle Leal; el policía Mario Rica Matea; el agente Alfonso Vega García;, y el inspector Javier Herrera Martínez. Además, pidió que se librase exhorto a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que informase sobre la sustancia intervenida en el registro del domicilio de El Haski.
Sobre el abogado del Estado, la magistrada considera que "las ratificaciones" de los informes periciales sobre ácido bórico que solicitó no parecen "precisas para la instrucción" de Garzón sobre el delito de tenencia de sustancias explosivas que se imputa a El Haski. "Desde luego --prosigue-- no gozan de relevancia alguna y en nada afecta tales informes al delito de falsedad, por lo que resulta improcedente".