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El PP exige la dimisión de la consejera de Salud por pedir los datos de pacientes para un estudio sobre el catalán

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán, Daniel Sirera, ha pedido este jueves la dimisión de la consejera de Salud, Marina Geli, después de que la Agencia Catalana de Protección de Datos (ACPD) haya abierto un procedimiento sancionador a nueve hospitales públicos por facilitar historiales de pacientes. Según el popular, para la APCD es "una infracción muy grave" que estos hospitales facilitasen estos historiales para elaborar un estudio sobre el idioma que utilizan los médicos, y requiere a la dirección de los centros que impida que vuelva a pasar y que lo comunique al Defensor del Pueblo catalán. Recientemente se sancionó al Hospital San Rafael de Barcelona por facilitar estos datos.

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán, Daniel Sirera, ha pedido este jueves la dimisión de la consejera de Salud, Marina Geli, después de que la Agencia Catalana de Protección de Datos (ACPD) haya abierto un procedimiento sancionador a nueve hospitales públicos por facilitar historiales de pacientes. Según el popular, para la APCD es "una infracción muy grave" que estos hospitales facilitasen estos historiales para elaborar un estudio sobre el idioma que utilizan los médicos, y requiere a la dirección de los centros que impida que vuelva a pasar y que lo comunique al Defensor del Pueblo catalán. Recientemente se sancionó al Hospital San Rafael de Barcelona por facilitar estos datos.
L D (EFE) El portavoz adjunto del PPC, Daniel Sirera, ha informado de que su partido ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament para que se asuman las responsabilidades correspondientes con el "cese" de los responsables que autorizaron el estudio.

El dirigente del PPC ha afirmado que "es evidente que el gobierno de la Generalitat sobrepasó los límites de la ley y de la ética" y la consellera Geli "debería presentar su dimisión".
 
Ya se hizo público que la Agencia Española de Protección de Datos había multado al Hospital de San Rafael de Barcelona con más de sesenta mil euros por facilitar datos personales de sus pacientes a una empresa privada contratada por el Gobierno catalán en la época de Maragall para hacer un estudio sobre el uso del catalán en el ámbito sanitario.
 
En este caso, la sanción podría haber sido más elevada, pero la Agencia apreció "una disminución de la culpabilidad" al tratarse de una respuesta a una petición de una instancia oficial como es la Generalidad.

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