L D (EFE) El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que como novedad más importante incluye la suspensión de la sanción de arresto para los agentes del instituto armado, salvo que realicen misiones militares. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que el Gobierno mantendrá el carácter militar de la Guardia Civil, pero que se delimitará la aplicación del Código Penal Militar a los miembros del instituto que participen en misiones de este tipo o que se integren en unidades del Ejército.
Así, la sanción de arresto, que Rubalcaba calificó de "desfasada", ya no será aplicable a los agentes que desarrollen labores ordinarias de seguridad, cuyo régimen será similar al de los cuerpos policiales. El ministro del Interior destacó que con esta iniciativa se cumple uno de los dos compromisos relativos a la Guardia Civil que figuraban en el programa electoral socialista, y dijo que el otro, relativo a la regulación de los derechos y deberes de los guardias civiles, está "en avanzando estado de tramitación en el Ministerio".
Ese texto, que se refiere fundamentalmente a la regulación del derecho de asociación de los miembros del instituto armado, "verá la luz en las próximas semanas", según Rubalcaba. En el anteproyecto aprobado este viernes se refuerzan las competencias sancionadoras del Ministerio del Interior, ya que se atribuye al titular de este departamento la competencia para proponer al ministro de Defensa la imposición de la sanción de separación de servicio, cuando hasta ahora se limitaba a emitir un informe.
También se modifica el catálogo de conductas sancionables, que incluirá el acoso moral o psicológico y los atentados contra la libertad sexual; y se refuerza la prohibición de otras que resultan incompatibles social y profesionalmente con la imagen de la Guardia Civil, como son el consumo de drogas, alcohol y otras sustancias tóxicas. En este ámbito, destaca la incorporación de infracciones que se consideran "muy graves" como el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución, el acoso o discriminación sexual, racial o de otro tipo, el acoso laboral, el incumplimiento del deber de reserva sobre secretos oficiales, o la negativa a someterse a un control de alcoholemia o drogas.
Al mismo tiempo, se suprimen determinadas faltas consideradas superfluas o desfasadas, entre ellas las que empleaban una terminología obsoleta, como "manifestaciones de tibieza o disgusto" o "el mantenimiento de relaciones sexuales en el acuartelamiento con trascendencia pública". El procedimiento sancionador, por otra parte, cambiará para reforzar las garantías y derechos que asisten a los interesados, y se eliminará el carácter oral del procedimiento por faltas leves, que será sustituido por uno nuevo escrito.
El anteproyecto será remitido al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal y, posteriormente, al Consejo de Estado, pasos previos a su aprobación definitiva para su remisión a las Cortes. En su elaboración han participado los Ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Administraciones Públicas.