"El 4 de abril de 2006, el Gobierno español ratificaba el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y otras Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Dicho Protocolo presenta dos importantes novedades para hacer eficaz la lucha contra la tortura:
•Crea unos mecanismos de prevención de la tortura (el denominado Subcomité Internacional, como los denominados Mecanismos Nacionales de Prevención), con posibilidades irrestrictas de visitar cualquier centro de detención de los países firmantes del Protocolo, y
•Prevé un importante papel, no meramente testimonial, a las Organizaciones de Derechos Humanos y Sociedad Civil en el trabajo de los citados mecanismos de prevención.
En los documentos en los que se establece el diseño del Protocolo se identifican algunos principios que deben de regir este sistema: independencia de los poderes de estado, participación de la sociedad civil, inmediatez, eficacia, coordinación con el comité internacional que acoge los datos y supervisa el trabajo de las oficinas estatales....
De hecho, en el comunicado hecho público, el mismo día 4 de abril, por el Ministerio de Asuntos Exteriores acababa reconociendo y solicitando “la contribución de las ONGs y de la sociedad civil a la hora de impulsar este proceso que culmina hoy con el depósito del instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo”.
Han transcurrido seis meses desde la ratificación, se aproximan las fechas en las que han de tomarse decisiones fundamentales que decidan el futuro de dichos mecanismos de prevención y el Gobierno español mantiene un mutismo autista en todo lo referente a la efectiva puesta en marcha del Protocolo como a la creación de los mecanismos de prevención cuya creación está prevista en el mismo. llo pese a que por los sectores y organismos internacionales y nacionales implicados, se recomienda un proceso público y anunciado con antelación suficiente para que exista un suficiente conocimiento del proceso y de los mecanismos y se puedan presentar las candidaturas. Igualmente se recomienda la creación de un comité de evaluación y selección de los candidatos que se propongan.
A falta de un mes para que se cumpla el plazo para la elección del primer Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, hemos tenido conocimiento de que el que el Gobierno español ha propuesto a Leopoldo Torres Boursault (que en enero de 1990, fue nombrado Fiscal General del Estado por el Gobierno de Felipe González). Hemos confirmado la realidad de esta propuesta, que ya ha tenido entrada en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Por ello exigimos del Gobierno que explique:
• ¿Cuándo abrió el concurso público para la selección de candidatos?
• ¿Quién propuso y eligió al Sr. Torres Boursalut como miembro del Subcomité Internacional de Prevención de la Tortura?
• ¿En base a qué criterios fue elegido?
• ¿Quiénes pudieron opinar sobre su perfil, pasado, biografía y demás "méritos" que se han valorado para esta elección?
• Para esta elección. Se ha tenido en cuenta que:
a) Leopoldo Torres Boursault fue nombrado, por el Gobierno de Felipe González, siendo Ministro del Interior José Luis Corchera, Fiscal General del Estado el 27 de enero de 1990. Seis meses antes de que comenzara, en la Audiencia Nacional, el juicio contra José Amedo y Michel Domínguez (primero de los juicios contra los GAL).
b) En los meses siguientes a su nombramiento como Fiscal Jefe y días antes de comenzar el juicio contra Amedo y Domínguez, el Estado español se negó a poder a disposición de la Audiencia Nacional a tres implicados fundamentales en la trama de los GAL:
• Paesa (que se encontraba en Suiza y había sido nombrado, poco antes de su identificación como colaborador de los GAL, representante en Suiza, de la república de Santo Tomé y Príncipe ante la ONU).
• George Mendaille, (detenido en España y posteriormente puesto en libertad al no concederse por el Estado español su extradición a Francia).
• Rafael Masa (que había sido destinado, poco antes de descubrirse su implicación en loas GAL, a Bolivia como instructor de la policía boliviana).
c) Se vio implicado en la “desaparición” del “informe Navajas” que implicaba al entonces coronel Galindo en el narcotráfico.
d) Finalizado su mandato como Fiscal General, mantuvo la relación con los responsables políticos del PSOE que se vieron implicados en los crímenes del GAL: Dirigió la defensa letrada del ex ministro de Interior, José Luis Corcuera (en los casos de los Fondos Reservados) y del ex gobernador Civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu (en el escándalo de las citas de vídeo grabadas a Pedro J. Ramírez).
El Estado español no pueden continuar negando la existencia de la tortura, porque ésta es ya demasiado evidente, porque las denuncias se amontonan en los despachos de los juzgados y porque las asociaciones de base y los organismos internacionales de denuncia han hecho su trabajo y han conseguido visualizar el problema. No es posible negar esto por más tiempo, pero los pasos dados por el Gobierno parecen indicar que antes de introducir medidas efectivas y reales para luchar contra la tortura, el Estado español, presentándose como adalid de la lucha por los Derechos Humanos pero con la intención no confesada de que nada cambie en lo sustancial, prefiere llenarse la boca con grandes declaraciones, firmando protocolos y convenciones, que no tiene intención de poner en marcha.
La elección del Sr. Torres Boursault sólo puede obedecer a la intención del Gobierno español de dar esa apariencia de buena voluntad para luchar contra la tortura, al tiempo que mantiene bien cerradas las “cloacas del Estado” y “premia”, con un cargo internacional, por los “servicios prestados” a aquel que le ayudó cuando se vio acosados por las investigaciones sobre el terrorismo de Estado y los GAL.
Desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura reafirmamos nuestra voluntad de participar, junto al resto de la sociedad civil, en el proceso de elección de los miembros de los comités que prevé el Protocolo Facultativo, así como en el proceso de puesta en marca de los mismos, y levantar el velo de los espacios opacos de detención.
Afirmamos que la no participación en estos procesos de las organizaciones y personas que, desde hace ya muchos años, vienen luchando contra la tortura (y entre ellas, de forma muy especial aunque no únicamente, a lasque componen la Coordinadora para la Prevención de la Tortura), quitaría toda credibilidad a los posibles mecanismos que pudieren crearse desde y para el Estado.
Esta es la prueba de fuego para conocer si las autoridades que lo firmaron y ratificaron tienen realmente intenciones de avanzar en una dinámica de prevención o si sólo lo hacen para lavar su dañada imagen ante la comunidad internacional: Si quieren la presencia activa ¬y molesta¬ de la sociedad civil en esos comités y la verdadera independencia con respecto a los poderes de estado o si, simplemente, quieren colocar a sus comparsas, sus amigos amaestrados, para darse una apariencia de buena voluntad y, mientras, mantener las cloacas bien cerradas. Si quieren un mecanismo de lucha contra la tortura o bien un mecanismo de ocultación de esta práctica, de legitimación de esta lacra.
Para aclarar estos términos
Exigimos al Gobierno y a las Autoridades competentes que
1º Comiencen un proceso de conversaciones con la Sociedad Civil previo a la creación de los mecanismos de prevención de la Tortura y a la designación de los componentes de dichos mecanismos.
2º Retiren inmediatamente la candidatura del Sr. Torres Boursault para formar parte del Subcomité Internacional de Prevención de la Tortura. Si esta retirada de la candidatura no se produce, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, desde este mismo momento, solicita a las personas que tienen que elegir, antes del 22 de diciembre, los miembros que formarán el primer Subcomité Internacional de Prevención de la Tortura, que rechacen la candidatura del Sr. Torres Boursault y elijan otros candidatos más idóneos para ese importante cargo.
Madrid, a 28 de noviembre de 2006".