LD (EFE) En un comunicado, el Ejecutivo comunitario recalca que su investigación no afecta a las tarifas reguladas para las pequeñas empresas y los consumidores domésticos. Bruselas explica que las tarifas reguladas provocaron un déficit de 3.800 millones de euros en el sector eléctrico español en 2005, que será financiado por un nuevo gravamen que deberán pagar todos los consumidores españoles en su factura de electricidad durante los próximos catorce años.
El objetivo de la investigación es evaluar si las tarifas aplicadas en 2005 a las grandes y medianas empresas que tienen un elevado consumo energético y a los operadores tradicionales en el sector eléctrico supusieron una ayuda de Estado y, en caso afirmativo, si dicha ayuda "podría dar lugar a falseamientos desproporcionados del comercio y la competencia" dentro de la UE.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, señala que, aunque "algunos sectores de la industria europea están pasando momentos difíciles" por el elevado precio de la energía, hay que evitar falseamientos de la competencia que impiden a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado liberalizado y que favorecen injustamente a determinadas empresas. Bruselas subraya que la decisión de abrir una investigación ofrece a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la medida propuesta y no prejuzga el resultado de la investigación.
Según los servicios de Competencia de la Comisión, las tarifas reguladas artificialmente bajas de que disfrutaron los clientes industriales con elevado consumo energético en 2005 pudieron suponer una importante ayuda a su funcionamiento, pero también a los operadores tradicionales, que pudieron recibir "una compensación excesiva" del Estado y "un beneficio anómalo" por ese sistema. El Ejecutivo comunitario insiste en que está "preocupado" por el posible falseamiento de la competencia que representan esas ayudas y por el hecho de que ofrecieron un beneficio garantizado a ciertos operadores.
Dado que solamente los operadores tradicionales de energía pudieron ofrecer las citadas tarifas reguladas, también ven posible que ello impidiera a nuevos proveedores introducirse en el mercado eléctrico español e incluso que algunos competidores recientes decidieran abandonar su actividad en España.
Bruselas ha recordado que la investigación sobre la competencia en el sector energético que llevó a cabo el año pasado ya puso de manifiesto los problemas de competencia que plantean las tarifas artificialmente bajas reguladas por el Estado. A su vez, señala que en diciembre pasado ya abrió un procedimiento de infracción contra España centrado en esta cuestión, al considerar que las tarifas reguladas podrían ser incompatibles con la normativa europea sobre liberalización del mercado eléctrico.
El objetivo de la investigación es evaluar si las tarifas aplicadas en 2005 a las grandes y medianas empresas que tienen un elevado consumo energético y a los operadores tradicionales en el sector eléctrico supusieron una ayuda de Estado y, en caso afirmativo, si dicha ayuda "podría dar lugar a falseamientos desproporcionados del comercio y la competencia" dentro de la UE.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, señala que, aunque "algunos sectores de la industria europea están pasando momentos difíciles" por el elevado precio de la energía, hay que evitar falseamientos de la competencia que impiden a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado liberalizado y que favorecen injustamente a determinadas empresas. Bruselas subraya que la decisión de abrir una investigación ofrece a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la medida propuesta y no prejuzga el resultado de la investigación.
Según los servicios de Competencia de la Comisión, las tarifas reguladas artificialmente bajas de que disfrutaron los clientes industriales con elevado consumo energético en 2005 pudieron suponer una importante ayuda a su funcionamiento, pero también a los operadores tradicionales, que pudieron recibir "una compensación excesiva" del Estado y "un beneficio anómalo" por ese sistema. El Ejecutivo comunitario insiste en que está "preocupado" por el posible falseamiento de la competencia que representan esas ayudas y por el hecho de que ofrecieron un beneficio garantizado a ciertos operadores.
Dado que solamente los operadores tradicionales de energía pudieron ofrecer las citadas tarifas reguladas, también ven posible que ello impidiera a nuevos proveedores introducirse en el mercado eléctrico español e incluso que algunos competidores recientes decidieran abandonar su actividad en España.
Bruselas ha recordado que la investigación sobre la competencia en el sector energético que llevó a cabo el año pasado ya puso de manifiesto los problemas de competencia que plantean las tarifas artificialmente bajas reguladas por el Estado. A su vez, señala que en diciembre pasado ya abrió un procedimiento de infracción contra España centrado en esta cuestión, al considerar que las tarifas reguladas podrían ser incompatibles con la normativa europea sobre liberalización del mercado eléctrico.