L D (EFE) Según el auto al que tuvo acceso Efe, la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha desestimado el recurso presentado por una farmacéutica contra el archivo de la querella dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Coín.
La acción penal presentada contra el regidor y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos en libertad bajo fianza de 100.000 euros por prevaricación y cohecho, denuncia que las obras de la farmacia se paralizaron hasta en tres ocasiones para perjudicar a la promotora y que perdiera su derecho a reubicar el local por el transcurso de dos años concedidos por la Consejería de Salud.
En la querella se expone que la suspensión de las obras buscaba "beneficiar a otro farmacéutico, "que desde un principio se opuso a la ubicación provisional de la farmacia".
La farmacéutica denuncia en primer lugar un supuesto delito de cohecho, cuando el concejal de urbanismo le instó a sufragar el valor de unas farolas para iluminar más la calle, un hecho, que según la sala, "no es reprochable penalmente", ya que "nunca estuvo en la voluntad del edil subordinar la concesión de la licencia de obra a sus pretensiones".
Por otra parte, la promotora señala que se ha incurrido en un delito de prevaricación administrativa, ya que las resoluciones dictadas tanto por el concejal como el regidor tenían "como única finalidad impedir la conclusión de las obras del nuevo edificio" para que se cumpliera el plazo de autorización provisional de traslado de la farmacia.
En cambio, el juez mantiene que esas resoluciones se basan "en razones de seguridad, de cabida que afectaban al uso de la calle y en todo caso no se trataban de meras suspensiones aleatorias y arbitrarias".
En la resolución judicial se expone que las ordenes de suspensión de obras resultan "impunes, sin perjuicio de su posible impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa", y los delitos que se le imputan "no sería más que una interpretación subjetiva de la querellante", puesto que "los hechos se sitúan en los extramuros del Código Penal".
En el relato de la querella se recoge que entre 2003 y 2004, se se paralizaron los trabajos de demolición de la antigua botica en dos ocasiones, se suspendieron las obras de la nueva dos veces, además de ordenar otra vez su precinto.
La acción penal presentada contra el regidor y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos en libertad bajo fianza de 100.000 euros por prevaricación y cohecho, denuncia que las obras de la farmacia se paralizaron hasta en tres ocasiones para perjudicar a la promotora y que perdiera su derecho a reubicar el local por el transcurso de dos años concedidos por la Consejería de Salud.
En la querella se expone que la suspensión de las obras buscaba "beneficiar a otro farmacéutico, "que desde un principio se opuso a la ubicación provisional de la farmacia".
La farmacéutica denuncia en primer lugar un supuesto delito de cohecho, cuando el concejal de urbanismo le instó a sufragar el valor de unas farolas para iluminar más la calle, un hecho, que según la sala, "no es reprochable penalmente", ya que "nunca estuvo en la voluntad del edil subordinar la concesión de la licencia de obra a sus pretensiones".
Por otra parte, la promotora señala que se ha incurrido en un delito de prevaricación administrativa, ya que las resoluciones dictadas tanto por el concejal como el regidor tenían "como única finalidad impedir la conclusión de las obras del nuevo edificio" para que se cumpliera el plazo de autorización provisional de traslado de la farmacia.
En cambio, el juez mantiene que esas resoluciones se basan "en razones de seguridad, de cabida que afectaban al uso de la calle y en todo caso no se trataban de meras suspensiones aleatorias y arbitrarias".
En la resolución judicial se expone que las ordenes de suspensión de obras resultan "impunes, sin perjuicio de su posible impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa", y los delitos que se le imputan "no sería más que una interpretación subjetiva de la querellante", puesto que "los hechos se sitúan en los extramuros del Código Penal".
En el relato de la querella se recoge que entre 2003 y 2004, se se paralizaron los trabajos de demolición de la antigua botica en dos ocasiones, se suspendieron las obras de la nueva dos veces, además de ordenar otra vez su precinto.