LD (Agencias) La Comisión Europea podría decidir este miércoles la unificación en un solo expediente de las dos decisiones de declarar ilegales 18 de las 19 medidas de la CNE para entorpecer la OPA de E.On sobre Gas Natural. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, pedirá en el seno del gobierno comunitario extender el proceso de infracción a España. La CE llevó la pasada semana al gobierno socialista ante los tribunales europeos por seguir manteniendo las condiciones que Bruselas considera contrarias a la ley.
El Ejecutivo comunitario tratará el miércoles en su reunión semanal la propuesta de la responsable de Competencia, Neelie Kroes, para extender el proceso de infracción abierto a España por las condiciones de la CNE a la OPA de E.On sobre Endesa a las medidas modificadas por el Ministerio de Industria. La intención de Kroes es enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento (el primer paso del procedimiento de infracción comunitario) complementaria a la que le envió en octubre por el primer paquete de medidas y que supuso la apertura del procedimiento.
De esta manera, Bruselas unificará en un solo expediente sus dos decisiones de declarar "ilegales" tanto el primer conjunto de medidas establecidas por la CNE (18 de las 19) como varias de las que adoptó Industria posteriormente, que rebajaban considerablemente las exigencias a E.On y que fueron aceptadas por el grupo alemán. A pesar de que las autoridades españolas han dejado ya claro que no están dispuestas a retirar las medidas que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria, la Comisión no va a avanzar por el momento en este proceso sancionador, aunque puede hacerlo en el futuro, recalcaron las fuentes.
De esta manera, Bruselas unificará en un solo expediente sus dos decisiones de declarar "ilegales" tanto el primer conjunto de medidas establecidas por la CNE (18 de las 19) como varias de las que adoptó Industria posteriormente, que rebajaban considerablemente las exigencias a E.On y que fueron aceptadas por el grupo alemán. A pesar de que las autoridades españolas han dejado ya claro que no están dispuestas a retirar las medidas que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria, la Comisión no va a avanzar por el momento en este proceso sancionador, aunque puede hacerlo en el futuro, recalcaron las fuentes.
El nuevo procedimiento de infracción se abrirá con una "carta de emplazamiento suplementaria" para acumular los dos expedientes. Si el Gobierno no atiende a las exigencias de Bruselas, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El expediente que tramita la autoridad europea de competencia contra España persigue una infracción del artículo 21 del Reglamento de concentraciones de la UE, según el cual las fusiones de dimensión comunitaria, como es el caso de E.On y Endesa, son competencia exclusiva de la Comisión, que es la única que puede imponerles condiciones. Las exigencias que suscitan más preocupación al Ejecutivo comunitario son: la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento. Madrid ya tiene abierto otro procedimiento de infracción en Bruselas por el caso E.On, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de las competencias de la CNE que le permitió pronunciarse sobre la OPA e imponerle condiciones. La semana pasada, el Ejecutivo comunitario presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE por este motivo, el último paso del procedimiento, pues considera que determinadas disposiciones del decreto que extendió las funciones del regulador energético español constituyen "restricciones injustificadas" de la libre circulación de capitales y del derecho de establecimiento, según la Agencia Efe.
El expediente que tramita la autoridad europea de competencia contra España persigue una infracción del artículo 21 del Reglamento de concentraciones de la UE, según el cual las fusiones de dimensión comunitaria, como es el caso de E.On y Endesa, son competencia exclusiva de la Comisión, que es la única que puede imponerles condiciones. Las exigencias que suscitan más preocupación al Ejecutivo comunitario son: la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento. Madrid ya tiene abierto otro procedimiento de infracción en Bruselas por el caso E.On, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de las competencias de la CNE que le permitió pronunciarse sobre la OPA e imponerle condiciones. La semana pasada, el Ejecutivo comunitario presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE por este motivo, el último paso del procedimiento, pues considera que determinadas disposiciones del decreto que extendió las funciones del regulador energético español constituyen "restricciones injustificadas" de la libre circulación de capitales y del derecho de establecimiento, según la Agencia Efe.
La CE confirma la fiabilidad de E.On
El informe encargado por la Comisión Europea sobre el gran apagón que el 4 de noviembre de 2006 dejó sin electricidad a más de 15 millones de hogares en toda la UE atribuye toda la responsabilidad a E.On Netz, la gestora de red del gigante alemán. El comisario de Energía, Andris Piebalgs, recalcó no obstante que ese "error" no disminuye la "fiabilidad" de E.On y no tiene que afectar a la oferta pública de adquisición sobre Endesa.
El apagón se originó en el norte de Alemania, en la zona de control de E.On Netz. Una línea de alta tensión fue desconectada para permitir el paso de un barco, lo que provocó una sobrecarga de las líneas y su partición en tres zonas (oeste, este y sudeste) de la red de la UE para la coordinación del transporte de electricidad. La potencia eléctrica era insuficiente en la zona oeste y excesiva en la este. Para paliar el déficit eléctrico del oeste se interrumpió el suministro en los países afectados. Francia fue el país que sufrió el mayor impacto (5 millones de hogares), seguida de Alemania (varios millones de afectados), Bélgica, Países Bajos, Italia y España (centenares de miles).
El informe de la Comisión, realizado por la asociación europea de coordinadores de transporte de electricidad (UTCE, en sus siglas en inglés), señala que hay tres causas principales que provocaron el apagón, y de todas es responsable E.On. En primer lugar, E.On Netz no aplicó el procedimiento de seguridad y ni siquiera poseía todos los instrumentos técnicos para verificar que la red se estaba explotando de manera totalmente segura. En segundo lugar, E.On no informó de sus acciones al resto de gestores europeos de red, lo que agravó el apagón. Finalmente, el estudio constata una insuficiencia de inversiones en la red, tanto por lo que se refiere a su explotación como a la fiabilidad. Otros problemas están relacionados con las conexiones y desconexiones en caso de perturbación, según Europa Press.
Pedro Solbes cree que esta noticia favorece sus tesis contra E.On
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, indicó, al ser preguntado por el informe, que el apagón de noviembre "es uno de esos ejemplos que uno puede pensar que son importantes en términos de seguridad de abastecimiento" y que la cuestión es cuál es la "competencia" que debe quedar en manos de los Estados miembros para garantizar esta seguridad de abastecimiento. Solbes explicó que es precisamente esta "discrepancia" entre el Gobierno y el Ejecutivo comunitario sobre las medidas que puede adoptar España para garantizar la seguridad de suministro la que está provocando la cascada de expedientes de Bruselas por las condiciones impuestas a E.On para adquirir Endesa. Bruselas abrirá mañana un nuevo expediente por los requisitos del ministerio de Industria del pasado 3 de noviembre y el vicepresidente anticipó que tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la UE el que resuelva la situación.
Por su parte, el comisario de Energía recalcó que los propios directivos de E.On "reconocieron que cometieron un error" y "pagarán por él" si las personas afectadas por el apagón presentan de mandas. No obstante, insistió en que las conclusiones del informe no cuestionan que la eléctrica alemana "es una empresa bien establecida" ni tampoco su "fiabilidad". "Eso no tiene nada que ver", arguyó.
A juicio de Piebalgs, la investigación del apagón tampoco debería tener ningún impacto sobre la fusión con Endesa ni tampoco contra los expedientes que la Comisión ha abierto contra España, puesto que Bruselas debe garantizar que los Estados respeten al pie de la letra la legislación comunitaria. "Su propuesta de fusión con Endesa no tiene nada que ver con este apagón, sería muy artificial relacionar las dos cosas", recalcó Piebalgs.