L D (EFE) Andrés Villca, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), un poderoso sector sindical antiguo aliado de Morales, dijo que decidieron realizar la movilización pese a que el gobernante ofreció "congelar" la aplicación del nuevo tributo en el caso específico de las cooperativas.
Según Villca, ese compromiso no es suficiente para suspender las protestas iniciadas con la marcha que descendió desde la vecina ciudad de El Alto hasta las calles de La Paz, porque el sector exige la anulación del proyecto de ley existente sobre el asunto.
El Ejecutivo modificará el Impuesto Complementario a la Minería (ICM) para fijar tributos adicionales con un aumento promedio de entre el 60 y 70 por ciento, dependiendo del precio internacional de cada mineral. Según Morales, de los más de 1.000 millones de dólares que reportaron a Bolivia las exportaciones mineras en 2006, el Estado únicamente percibió 45 millones de dólares y se pretende que con el aumento del ICM la cifra suba a 80 millones de dólares.
Las detonaciones efectuadas por los cooperativistas estremecieron las calles de La Paz, paralizaron durante varias horas el transporte urbano y generaron una reacción de transeúntes, varios de los cuales se enfrascaron a golpes con los mineros a quienes reclamaron que paguen el impuesto. Jefes policiales informaron de que desde la noche del lunes se confiscaron en dos operaciones un total de 273 cartuchos de dinamita y más de 30 metros de mecha lenta y se detuvo a nueve mineros por el uso ilegal de explosivos.
Las cooperativas mineras, que tienen unos 50.000 afiliados que trabajan como microempresarios, protagonizaron en octubre de 2006 un violento enfrentamiento con mineros del Estado por el control de un yacimiento de estaño que acabó con 16 muertos. Entonces, el presidente Morales destituyó al ministro de Minería Walter Villarroel, el máximo dirigente de los cooperativistas.
El actual titular de esta cartera, Guillermo Dalence, ex dirigente de las minas del Estado, ratificó este martes la decisión del presidente Morales de congelar la aplicación de la subida del ICM para las cooperativas y de convocar al diálogo. Dalence declaró a una emisora local que el propósito del Gobierno "no es estrangular la producción" minera sino aumentar el ingreso del Estado "pero garantizando que el nivel de vida y trabajo de las cooperativas sea elevado".
El Gobierno también ha propuesto a los cooperativistas ser parte del directorio de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), respetar las áreas de explotación que actualmente operan y aplicar un programa para el crecimiento del sector. Además del incremento a los tributos, Morales ha anunciado varias veces que nacionalizará las empresas mineras que eran del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y fueron vendidas en 2005 a la multinacional suiza Glencore Internacional.
Según Villca, ese compromiso no es suficiente para suspender las protestas iniciadas con la marcha que descendió desde la vecina ciudad de El Alto hasta las calles de La Paz, porque el sector exige la anulación del proyecto de ley existente sobre el asunto.
El Ejecutivo modificará el Impuesto Complementario a la Minería (ICM) para fijar tributos adicionales con un aumento promedio de entre el 60 y 70 por ciento, dependiendo del precio internacional de cada mineral. Según Morales, de los más de 1.000 millones de dólares que reportaron a Bolivia las exportaciones mineras en 2006, el Estado únicamente percibió 45 millones de dólares y se pretende que con el aumento del ICM la cifra suba a 80 millones de dólares.
Las detonaciones efectuadas por los cooperativistas estremecieron las calles de La Paz, paralizaron durante varias horas el transporte urbano y generaron una reacción de transeúntes, varios de los cuales se enfrascaron a golpes con los mineros a quienes reclamaron que paguen el impuesto. Jefes policiales informaron de que desde la noche del lunes se confiscaron en dos operaciones un total de 273 cartuchos de dinamita y más de 30 metros de mecha lenta y se detuvo a nueve mineros por el uso ilegal de explosivos.
Las cooperativas mineras, que tienen unos 50.000 afiliados que trabajan como microempresarios, protagonizaron en octubre de 2006 un violento enfrentamiento con mineros del Estado por el control de un yacimiento de estaño que acabó con 16 muertos. Entonces, el presidente Morales destituyó al ministro de Minería Walter Villarroel, el máximo dirigente de los cooperativistas.
El actual titular de esta cartera, Guillermo Dalence, ex dirigente de las minas del Estado, ratificó este martes la decisión del presidente Morales de congelar la aplicación de la subida del ICM para las cooperativas y de convocar al diálogo. Dalence declaró a una emisora local que el propósito del Gobierno "no es estrangular la producción" minera sino aumentar el ingreso del Estado "pero garantizando que el nivel de vida y trabajo de las cooperativas sea elevado".
El Gobierno también ha propuesto a los cooperativistas ser parte del directorio de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), respetar las áreas de explotación que actualmente operan y aplicar un programa para el crecimiento del sector. Además del incremento a los tributos, Morales ha anunciado varias veces que nacionalizará las empresas mineras que eran del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y fueron vendidas en 2005 a la multinacional suiza Glencore Internacional.