L D (Agencias) En un auto dictado este viernes, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional concreta que la petición al Ministro de Defensa, José Antonio Alonso, para que inste la desclasificación al Consejo de Ministros, se realizará desde la Audiencia Nacional "por conducto" del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, a través del presidente de este órgano judicial, Carlos Dívar.
A juicio del tribunal, además de ayudar a esclarecer "el mayor atentado terrorista acaecido en Europa", con la desclasificación "la imagen exterior de nuestro país resulta alzaprimada por el escrupuloso respeto del derecho de defensa de quienes están acusados de gravísimos delitos". Además, la información sobre la que versan los documentos que se solicitan "no parece que afecte a las relaciones exteriores de España".
Los documentos solicitados se refieren a unas informaciones aportadas por el ex minero sobre el entorno islamista radical de Jamal Ahmidan, "El Chino", uno de los presuntos autores del 11-M que se suicidaron en Leganés (Madrid). Las confidencias se realizaron en la comisaría de Avilés antes de que el ex minero fuera detenido por su implicación en los atentados. Fuentes gubernamentales ya han adelantado que el Gobierno accederá a la desclasificación cuando le sea remitida la solicitud.
La desclasificación de este informe y su inclusión en el sumario del 11-M había sido solicitada por la defensa Rafa Zouhier, para quien la fiscal Olga Sánchez pide 20 años de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista.
El auto, del que ha sido ponente el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, señala que el carácter reservado del CNI no debe constituirse "en obstáculo insalvable para la investigación y /o enjuiciamiento de los hechos delictivos" por parte de los órganos judiciales competentes cuando, de la ponderación de los valores en juego, "resulte razonablemente asumible la limitación o sacrificio de los bienes jurídicos de menor entidad".
En sus razonamientos jurídicos, el tribunal destaca la importancia del bien jurídico protegido en los delitos por los que se sigue el juicio del 11-M, "resultando inconcuso que se trata del máximo bien: la vida", a lo que se añade la "intensidad, gravedad e impacto social del ataque padecido por dichos bienes jurídicos". Además, destaca que el informador, Suárez Trashorras, es uno de los 29 procesados que están declarando estos días en audiencia pública "y que ya ha contado en los medios de comunicación su versión de las supuestas reuniones con miembros del CNI y de los servicios de información.