L D (Europa Press) El presidente de la Generalidad, José Montilla, confirmó este viernes por la mañana que el Gobierno catalán ha presentado formalmente la petición de recusación del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Jorge Rodríguez Zapata, en los recursos contra el Estatut, por haber elaborado un informe en 2003 por encargo de la Fundación Carles Pi i Sunyer que sirvió de base para el Estatuto.
Los miembros del Gabinete Jurídico de la Generalidad agotaron hasta el último momento el plazo legal para presentar esta recusación, que expiraba hoy –tras los diez días hábiles desde la recusación de Pablo Pérez Tremps, que sentó la "nueva doctrina" a la que se acoge el Govern en el este caso–, y entró la solicitud a registro en el TC en torno a las 14 horas de este viernes, según confirmaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal.
Montilla señaló que, en tanto que el recurso de súplica a la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps "ha sido admitido a trámite pero no hay resolución del mismo", el Gobierno catalán ha decidido presentar hoy la petición de recusación a Zapata, como acordó el Consell Executiu de este martes. El presidente catalán señaló esta medida como el uso, por parte del gobierno catalán, de "los instrumentos que nos da el Estado de Derecho para defender el Estatut", en los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el en el TC.
Zapata realizó un estudio titulado "Evolución de la aplicación de los principios contenidos en la carta Europea de Autonomía Local por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo", que fue encargado y publicado en 2003 por la Fundación Pi Sunyer dentro el libro 'Informe Pi i Sunyer sobre el desarrollo autonómico y la incorporación de los principios de la Unión Europea'.
El Gobierno catalán considera que el contenido de este informe sirvió de base para la concepción de la administración local que refleja el Estatuto y, por tanto, afecta a todos aquellos apartados del texto relativos a las competencias de Cataluña y el Estado en relación a la administración local. En la solicitud de recusación, el Gobierno catalán señala que "durante los años anteriores a la elaboración del Estatuto se llevaron a cabo diversos trabajos preparatorios para reunir la doctrina necesaria para este objeto" y "las instituciones que más colaboraron fueron el Institut d'Estudis Autonòmics, la Fundación Pi i Sunyer, d'Estudis Autonòmics i Locals y las universidades".
Asimismo, especifica que el gobierno de Montilla "en ningún momento dudó de la imparcialidad del magistrado" Rodríguez Zapata, "pero este criterio ha de declinar ahora delante de la más autorizada apreciación del TC, que modificando su doctrina anterior, ha hecho una interpretación estricta de la exigencia de imparcialidad".