La titular del Juzgado de Instrucción número 35 dejó el pasado 6 de noviembre sin efecto las imputaciones de los peritos Isabel López, Manuel Escribano y Pedro Manrique, que habían elaborado un informe sobre el ácido bórico y que fue rechazado por sus superiores, e imputó a los cuatro mandos por la supuesta alteración de ese informe. En su auto, la juez recuerda que el 14 de marzo de 2005, la Comisaría General de Información pidió a la Policía Científica un estudio sobre las muestras de una sustancia intervenida en un registro en el domicilio de Hassan el Haski, juzgado por los atentados del 11-M.
Los tres peritos incluyeron en su estudio unas "observaciones" en las que se hacía "una relación de otros informes periciales en los que había sido encontrada idéntica sustancia, y se cuestionaba la posible vinculación de aquellos en cuyo poder se había intervenido, observaciones que sus superiores", ahora imputados, "consideraron inconveniente que constaran", relata el auto.
Agrega que Ramírez requirió a los peritos para que las suprimieran, como había dispuesto Mélida y, como éstos no quisieron hacerlo, "con conocimiento y anuencia de los otros imputados, modificó el que aquellos habían elaborado" y "para que no constaran en el informe ninguna de tales observaciones, alteró el objeto de la petición por un "análisis de muestras". Además, añade, Ramírez se atribuyó él mismo la recepción de las muestras y la práctica de las técnicas analíticas, suprimió las "observaciones" y lo firmó como único perito.
Una vez firmado, Andradas, conforme a lo indicado por Santano, se encargó de la remisión del informe a la Comisaría de Información, destaca el auto.
El fiscal y el abogado del Estado pidieron el sobreseimiento de la causa al considerar que los hechos no constituyen delito, mientras que la acusación que ejercen la Asociación de Víctimas del 11-M y Manos Limpias solicitaron la apertura de juicio oral por delitos de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento. La juez se refiere a la actuación del abogado del Estado a lo largo de la causa que, indica, "ha venido asumiendo una postura de activa y efectiva defensa de los mandos policiales imputados" aunque dice que le resulta "más sorprendente" la del actual fiscal "y su insistencia en solicitar el sobreseimiento" al considerar que no hay indicios racionales de los hechos.
Gemma Gallego da un plazo de tres días al abogado del Estado y a la Fiscalía para que formulen su escrito de acusación y de diez a los abogados de los imputados para que expresen su conformidad o no con la acusación.