LD (EFE) La Comisión Europea ha sido muy clara: "España todavía no ha dado curso a esta solicitud", la de desarrollar la normativa comunitaria sobre transparencia, por lo que ha decidido dejar el caso en manos del Tribunal. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha declarado que son los contribuyentes los que "están interesados en que los fondos públicas se utilicen para pagar la prestación de servicios públicos, en lugar de ser desviados ilícitamente para subvencionar actividades comerciales".
Por este motivo, continúa, "todos los Estados miembros tienen que aplicar las directivas sobre transparencia para que la Comisión pueda examinar las cuentas de las empresas que prestan servicios de interés general o disfrutan de derechos especiales o exclusivos, comprobando así que no se producen abusos". Las directivas europeas sobre transparencia exigen a los Estados miembros que recopilen y presenten al Ejecutivo comunitario, a petición de éste, ciertos datos financieros de las grandes empresas públicas del sector manufacturero.
En sus últimas modificaciones, los requisitos de transparencia se han ampliado para incluir la obligación de llevar cuentas separadas para empresas públicas y privadas que gestionan servicios de interés económico general o tienen concedidos derechos especiales o exclusivos o que realizan también actividades comerciales. Esta modificación dotó también a la Comisión de instrumentos necesarios para instruir denuncias sobre presuntas compensaciones excesivas de los costes del servicio público o subvenciones cruzadas de las actividades comerciales.