(Libertad Digital) Este problema legal se origina en abril de 2001 cuando dos empresas estadounidenses (Think Big Productions y Rosalini Films Productions) firmaron "un contrato de intenciones, confidencialidad y negociación en buena fe" por el que se produciría un vídeo sobre la vida de Sant Jordi que serviría de promoción el Fórum de las Culturas que se celebró en Barcelona en 2004.
El abogado español de las productoras, David Aineto, señala que después de un año, cuando éstas ya habían invertido cerca de un millón de dólares, el Fórum rechazó el proyecto "por medio de una carta". Las productoras decidieron entonces acudir a la justicia estadounidense, según contrato. Una juez del estado de Illinois condenó por impago y por un delito de desacato al consejo de Administración del Fórum de Barcelona, formado entre otras personalidades por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y el entonces alcalde de Barcelona –ahora ministro de Industria–, Joan Clos.
Según informa ABC, fuentes de la Embajada de EEUU en Madrid ha confirmado que "ha habido contactos" y "conversaciones" con el Gobierno español para tratar las repercusiones de este asunto. Y es que junto a Calvo y Clos, otros 24 políticos podrían tener problemas para entrar en Estados Unidos y deben pedir, en caso de querer hacerlo, un visado especial.
4 millones de indemnización
En abril de 2004, la juez Sophie H. Hall, del juzgado de Cook, en Illinois, condenó al Fórum a pagar 4 millones de dólares (unos 3,4 millones de euros) a las productoras como indemnización por el impago de la película. Después, la juez requirió en varias ocasiones al liquidador del Fórum, Guerau Ruiz, la presentación de la contabilidad para embargar sus bienes y liquidar así su deuda con las productoras estadounidenses. Al no cumplirse este requerimiento, al juez citó a todos los miembros del Consejo, pero los políticos tampoco comparecieron alegando que tenían inmunidad por su condición de "altos cargos gubernamentales".
En junio de 2005, la juez declaró a los 26 miembros del Consejo de Administración en rebeldía por un delito de desacato, condenándoles además a una multa de 3.000 dólares al día. Todo esto supone que a día de hoy, entre indemnización, multa e intereses, la deuda se eleva a seis millones de dólares (4,5 millones de euros).
En el BOE del 29 de diciembre de 2006 ya aparece en la sección del Ministerio de Cultura una transferencia de 1.745.000 euros "para atender gastos extraordinarios derivados de la liquidación del Consorcio". Además, el pasado 7 de marzo, el diario oficial de la Generalidad de Cataluña también detalla una transferencia de 1.705.519 euros para "la indemnización que el consorcio ha de proveer en virtud de la sentencia dictada por el tribunal del Circuito de Condado de cook".