L D (EFE) De acuerdo con la resolución judicial, Lerín Sanchez, presunto miembro liberado (a sueldo de la banda), está acusado de formar parte junto con Leire López Zurutuza del talde "Zapa" que comenzó a actuar en 2004 siguiendo instrucciones del jefe de ETA Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", contra intereses turísticos en Guipúzcoa y la Costa Mediterránea. Posteriormente, se integró en el grupo "Urederra" en mayo de 2006, cuando estaba vigente la tregua de ETA, y uno de los jefes de ETA, Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", le asignó el alias de "Jacinto".
Entre las actividades que realizó, hizo el seguimiento a Savater, de quien ya tenía algunas informaciones, de un policía nacional en el barrio de Amara de San Sebastián y del testigo protegido del caso "Lasa y Zabala" Pedro Luis Migueliz, alias "Txofo", señala el auto, y de dos ertzaintzas en Tolosa, además de recabar información de bancos y oficinas de correos.
En el piso donde residía en Andoain (Guipúzcoa), propiedad de Itziar Aguirre, a la que en esta causa se ha imputado un delito de tenencia de explosivos y colaboración por alojar a miembros liberados, se hallaron unos 30 kilos de material explosivo, detonadores y matriculas sin marcar, mientras que en otro piso utilizado por él en San Sebastián, la Guardia Civil encontró una pistola y un "pendrive" con diversa información.
Al acusado Arkaitz Agote, el juez le atribuye un delito de pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y estragos y, entre otras actuaciones, el auto indica que recabó información sobre miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza y políticos del PP y del PSOE de la zona de San Sebastián. También le atribuye la preparación de un atentado con diez artefactos explosivos en diferentes carreteras de España entre los días 29 y 30 de julio de 2005, una acción que no llegó a realizarse.
A los acusados Lorea Irigoyen y Juan Carlos Herrador, que son pareja, Moreno les imputa un delito de pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos, mientras que al último de los acusados, Iñigo Orue, le ha acusado de colaboración con banda armada.
Los siete presuntos terroristas, que estuvieron detenidos en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid tras su arresto el pasado 28 de marzo, fueron trasladados esta mañana a la Audiencia Nacional, donde permanecieron en los calabozos hasta el momento en que comenzaron a declarar, sobre las 10.45 horas.
Los detenidos, que comparecieron en situación de incomunicados, es decir asistidos por un abogado de oficio y no por un letrado de su elección, prestaron declaración durante tres horas, en un interrogatorio en el que el fiscal Vicente González Mota pidió el ingreso en prisión para seis de ellos.
Aunque en un principio fueron detenidas ocho personas –seis hombres y dos mujeres–, una de ellas, Julen Larrañaga, quedó en libertad sin cargos al día siguiente, después de ser interrogada.
En el marco de esta operación antiterrorista, que sigue abierta, la Guardia Civil también detuvo el domingo en Guipúzcoa y Navarra a Sergio García Lazkano, Unai Lamariano y Joseba González Pavón, todos presuntos miembros legales de la banda armada –no fichados por las Fuerzas de Seguridad del Estado–, con lo que son ya diez los detenidos desde el comienzo de esta actuación, la mayor contra ETA desde que José Luis Rodríguez Zapatero asumió la presidencia del Gobierno.
El nuevo grupo "Donosti", que ha sido desarticulado antes de que comenzara actuar, es heredero de uno de los más activos de la banda terrorista, que se ha reconstruido tantas veces como ha sido desactivado, y el Ministerio del Interior le atribuye 24 atentados cometidos entre 2004 y 2006.
Entre las actividades que realizó, hizo el seguimiento a Savater, de quien ya tenía algunas informaciones, de un policía nacional en el barrio de Amara de San Sebastián y del testigo protegido del caso "Lasa y Zabala" Pedro Luis Migueliz, alias "Txofo", señala el auto, y de dos ertzaintzas en Tolosa, además de recabar información de bancos y oficinas de correos.
En el piso donde residía en Andoain (Guipúzcoa), propiedad de Itziar Aguirre, a la que en esta causa se ha imputado un delito de tenencia de explosivos y colaboración por alojar a miembros liberados, se hallaron unos 30 kilos de material explosivo, detonadores y matriculas sin marcar, mientras que en otro piso utilizado por él en San Sebastián, la Guardia Civil encontró una pistola y un "pendrive" con diversa información.
Al acusado Arkaitz Agote, el juez le atribuye un delito de pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y estragos y, entre otras actuaciones, el auto indica que recabó información sobre miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza y políticos del PP y del PSOE de la zona de San Sebastián. También le atribuye la preparación de un atentado con diez artefactos explosivos en diferentes carreteras de España entre los días 29 y 30 de julio de 2005, una acción que no llegó a realizarse.
A los acusados Lorea Irigoyen y Juan Carlos Herrador, que son pareja, Moreno les imputa un delito de pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos, mientras que al último de los acusados, Iñigo Orue, le ha acusado de colaboración con banda armada.
Los siete presuntos terroristas, que estuvieron detenidos en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid tras su arresto el pasado 28 de marzo, fueron trasladados esta mañana a la Audiencia Nacional, donde permanecieron en los calabozos hasta el momento en que comenzaron a declarar, sobre las 10.45 horas.
Los detenidos, que comparecieron en situación de incomunicados, es decir asistidos por un abogado de oficio y no por un letrado de su elección, prestaron declaración durante tres horas, en un interrogatorio en el que el fiscal Vicente González Mota pidió el ingreso en prisión para seis de ellos.
Aunque en un principio fueron detenidas ocho personas –seis hombres y dos mujeres–, una de ellas, Julen Larrañaga, quedó en libertad sin cargos al día siguiente, después de ser interrogada.
En el marco de esta operación antiterrorista, que sigue abierta, la Guardia Civil también detuvo el domingo en Guipúzcoa y Navarra a Sergio García Lazkano, Unai Lamariano y Joseba González Pavón, todos presuntos miembros legales de la banda armada –no fichados por las Fuerzas de Seguridad del Estado–, con lo que son ya diez los detenidos desde el comienzo de esta actuación, la mayor contra ETA desde que José Luis Rodríguez Zapatero asumió la presidencia del Gobierno.
El nuevo grupo "Donosti", que ha sido desarticulado antes de que comenzara actuar, es heredero de uno de los más activos de la banda terrorista, que se ha reconstruido tantas veces como ha sido desactivado, y el Ministerio del Interior le atribuye 24 atentados cometidos entre 2004 y 2006.
Todos estamos amenazados
El filósofo y miembro de Basta Ya, Fernando Savater, afirmó a Europa Press que mientras la banda terrorista ETA "esté en activo", "todos los ciudadanos" pueden ser su objetivo. "Ya sabemos que ETA se dedica a esas cosas y no hay que darle más vueltas, ya que mientras ETA esté en activo todos podemos ser objetivo", subrayó.
Asimismo, aseguró no haber recibido ninguna llamada por parte del Gobierno o del Ministerio de Interior, aunque reconoció haber tenido "muchas de periodistas". "Lo hemos sabido todos a la vez", indicó.
Por tanto, abogó por "dedicarse a lo serio", que es que ETA "está activa y que no lo deja", e insistió en que "mientras así sea, todos estamos en peligro". Según subrayó, "por eso hay que acabar con ella cuanto antes".