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Las operadoras de telecomunicaciones no quieren convertirse en "árbitros" o "policías" de Internet

Tras conocerse el contenido de la reforma del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) –del que la Asociación de Internautas informó este martes y que el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos días–, las operadoras de telecomunicaciones han reaccionado. Éstos alegan que la reforma las convierte en "árbitros" o "policías" de la Red, con facultad para acusar a sus clientes de las ilicitudes que un tercero diga que se realizan. Dicen que esto afecta los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones, lo que podría causarles serios inconvenientes respecto de sus clientes.

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Tras conocerse el contenido de la reforma del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) –del que la Asociación de Internautas informó este martes y que el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos días–, las operadoras de telecomunicaciones han reaccionado. Éstos alegan que la reforma las convierte en "árbitros" o "policías" de la Red, con facultad para acusar a sus clientes de las ilicitudes que un tercero diga que se realizan. Dicen que esto afecta los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones, lo que podría causarles serios inconvenientes respecto de sus clientes.
L D (Europa Press) Además, las compañías afirman les convertiría en "guardianes" de catálogos de derechos sobre obras en las que pueden no tener ningún interés. No sólo eso ya que estas actuaciones les supondrán unos costes cuya repercusión "no se prevé que pueda hacerse a los beneficiarios del sistema de colaboración".
 
Esta reforma prescindiría del principio de legitimación, ya que las entidades o asociaciones beneficiaras no estarán obligadas a acreditar ningún tipo de representación respecto de los autores o titulares de derechos conexos, informaron a Europa Press en fuentes de las operadoras. Además, afecta a las relaciones contractuales establecidas entre los prestadores de servicios y sus clientes, con una responsabilidad mínima sobre las entidades y las Asociaciones.
 
Asimismo, los operadores afirman que el nuevo artículo pretende introducir una garantía judicial sin contenido real, ya que tras presentar las diligencias no hay que esperar a que el Juez dictamine su procedencia o improcedencia. Por otro lado, no consideran que la medida solucione el supuesto que contempla que el cliente del operador y la persona que vulnera el derecho de la Propiedad Intelectual sean distintos. Las compañías tendrán también que conservar los datos de los requerimientos realizados, por si los solicitara la Autoridad Judicial.
 
 
 
 

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