La AI denuncia que el Gobierno otorgará a las Sociedades Gestoras la capacidad de censurar material de Internet
En lo que podría ser uno de los ataques más graves contra la libertad de expresión en Internet, el Gobierno ha propuesto en la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información (LSSI) que las Sociedades Gestoras –con la SGAE a su cabeza– sean las encargadas de ordenar el retiro de contenidos que infrinjan derechos de autor. Ante esto, la Asociación de Internautas (AI) y la plataforma "Todos contra el canon" han mostrado su contundente rechazo. Víctor Domingo, presidente de AI, declaró a Libertad Digital que el anteproyecto "es una patada al Estado de Derecho" ya que pasa por encima de los jueces, cosa que vulnera la propia Constitución. El Consejo de Estado ha apuntado que se trata de "una restricción de la libertad de uso de Internet".
(Libertad Digital) En octubre de 2002 se aprobó la Ley de Servicios de la Sociedad de Información (LSSI) y con su reforma pasará a denominarse Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI).
Domingo se mostró muy preocupado por el anteproyecto y señaló que "después de esto me creo todo". Apuntó que en un texto previo se indicaba que los encargados de ordenar la censura serían "autoridades competentes" y ahora sólo las Sociedades Gestoras, cosa que evitará que, por ejemplo, los alcaldes hagan "cacicadas" aunque ahora Internet quedaría en manos de sociedades como la SGAE.
Con esto, la SGAE podrá ordenar que se retire cualquier tipo de material que en su opinión infrinja la propiedad intelectual dejando de lado las autoridades judiciales. Esto vulneraría además la propia Constitución, que en su artículo 20.5 apunta que "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial". Con esta nueva ley esto no se cumpliría. Víctor Domingo ha informado de que este anteproyecto de ley ni siquiera ha sido remitido al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) ni a asociaciones de usuarios.
Según AI, el propio Consejo de Estado, tras estudiar el texto, ha señalado que se trata de una restricción de la libertad de uso de Internet. De esta manera este anteproyecto convierte a las Sociedades Gestoras en verdaderos órganos "judiciales" capaces –según palabras de la AI– de "calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario y a los prestadores de servicios en empresas al servicio de estos supuestos jueces".
Por su parte la plataforma "Todos contra el canon" cree que "el anteproyecto convierte a las Sociedades Gestoras en órganos judiciales capaces de censurar no sólo los contenidos de una determinada web sino también los ordenadores particulares de los usuarios" con lo que "considera que no es lícito que una entidad de carácter privado decida qué contenidos se pueden o no publicar, ya que esto supone una restricción y un veto a los todos los usuarios para acceder a páginas y sitios de Internet". Además, la plataforma ha anunciado futuras movilizaciones si finalmente se aprueba este anteproyecto mientras que la Asociación de Internautas ha informado de que también promoverá "una campaña de movilización semejante a la que sigue desarrollando contra el canon".
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