LD (EFE) Tanto Amérigo como Nario, peritos en otros grandes casos económicos como el "caso KIO", declararon este martes que no han intervenido en los trabajos desarrollados por la Administración Tributaria en las actuaciones seguidas contra Fórum Filatélico, por los que se conoció que la sociedad filatélica tenía un agujero superior a los 2.416 millones de euros, al cierre del ejercicio 2004.
Estas cifras fueron corroboradas posteriormente por los administradores concursales de Fórum, nombrados por el juzgado mercantil, que situaron el déficit patrimonial actual en 2.843,5 millones de euros, derivado de un pasivo de 3.766 millones de euros y una masa activa de 922 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la recusación de estos peritos, al no haber causa para ello ya que fueron nombrados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, en junio de 2006, y no tuvieron relación con la inspectora de Hacienda, María Teresa Yabar Sterling, autora de los informes de la Agencia Tributaria en los que se basa la querella del ministerio público.
Las defensas aducen que la Agencia Tributaria fue "denunciante" de unos hechos investigados a lo largo de las actuaciones inspectoras seguidas durante mas de dos años y que, además, la pericial versará "en gran medida" sobre los asuntos contenidos en los informes que hizo Hacienda del 2002 al 2005.
A su juicio, estos peritos pertenecientes a la Agencia Tributaria "tienen interés en la causa" para "sostener unas conclusiones que, a la postre, pudieran incluso tener una grave incidencia en los intereses de la Administración del Estado" como, por ejemplo, devolver a Fórum Filatélico más de 700 millones de euros cobrados en conceptos de IVA, si las operaciones se consideran financieras.
Además de que el denunciante y el perito designado son de la Agencia Tributaria, las defensas critican que el administrador judicial designado por el juez Grande-Marlaska también pertenecía a Hacienda.
De hecho, el inspector Pascual Tomás Hernández cifró este déficit patrimonial entre 2.700 y 3.400 millones de euros, a diciembre de 2005, ya que los compromisos de recompra y rentabilidad que mantenía la empresa con sus más de 200.000 clientes se cifran entre 3.500 y 4.200 millones de euros, en tanto que su patrimonio era únicamente de 410 millones en fondos propios y otros 400 millones en sellos.
Uno de los dos peritos designados ahora, Eduardo Amérigo, es inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado en excedencia, además de profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid.
Estas cifras fueron corroboradas posteriormente por los administradores concursales de Fórum, nombrados por el juzgado mercantil, que situaron el déficit patrimonial actual en 2.843,5 millones de euros, derivado de un pasivo de 3.766 millones de euros y una masa activa de 922 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la recusación de estos peritos, al no haber causa para ello ya que fueron nombrados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, en junio de 2006, y no tuvieron relación con la inspectora de Hacienda, María Teresa Yabar Sterling, autora de los informes de la Agencia Tributaria en los que se basa la querella del ministerio público.
Las defensas aducen que la Agencia Tributaria fue "denunciante" de unos hechos investigados a lo largo de las actuaciones inspectoras seguidas durante mas de dos años y que, además, la pericial versará "en gran medida" sobre los asuntos contenidos en los informes que hizo Hacienda del 2002 al 2005.
A su juicio, estos peritos pertenecientes a la Agencia Tributaria "tienen interés en la causa" para "sostener unas conclusiones que, a la postre, pudieran incluso tener una grave incidencia en los intereses de la Administración del Estado" como, por ejemplo, devolver a Fórum Filatélico más de 700 millones de euros cobrados en conceptos de IVA, si las operaciones se consideran financieras.
Además de que el denunciante y el perito designado son de la Agencia Tributaria, las defensas critican que el administrador judicial designado por el juez Grande-Marlaska también pertenecía a Hacienda.
De hecho, el inspector Pascual Tomás Hernández cifró este déficit patrimonial entre 2.700 y 3.400 millones de euros, a diciembre de 2005, ya que los compromisos de recompra y rentabilidad que mantenía la empresa con sus más de 200.000 clientes se cifran entre 3.500 y 4.200 millones de euros, en tanto que su patrimonio era únicamente de 410 millones en fondos propios y otros 400 millones en sellos.
Uno de los dos peritos designados ahora, Eduardo Amérigo, es inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado en excedencia, además de profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid.