L D (EFE) Así lo avanzó en rueda de prensa el presidente del PP melillense, Arturo Esteban, quien consideró que con este asunto no sólo se ha pretendido perjudicar a su partido, sino que se ha hecho daño a la imagen de la ciudad y de sus habitantes.
Por ello, la formación llevará el caso "hasta sus últimas consecuencias", comenzando por una denuncia ante el juzgado de guardia por la filtración a medios del grupo Prisa de algunos contenidos de la investigación cuando ésta se encontraba bajo secreto de sumario.
"Queremos saber la verdad", dijo Esteban, quien opinó que la filtración es "doblemente grave", toda vez que un diputado socialista utilizó en una intervención parlamentaria algunas de las transcripciones telefónicas aparecidas en la prensa.
Además, el PP emprenderá acciones judiciales "contra todos los que han dicho cosas que se contravienen con la realidad", refirió Esteban, quien recordó que en los últimos días se ha hablado de "manipulación" e incluso "pucherazo".
"No es bastante que pidan disculpas, saldría muy barato y además su talla moral se lo impide", sostuvo, si bien precisó que a su partido no le mueve "un ánimo revanchista" sino el deseo de que la justicia "ponga las líneas rojas que no se pueden pasar".
La tercera de las líneas que emprenderá este partido es la presentación de una queja ante la Junta Electoral de Zona sobre la decisión del delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, "supuestamente obstruyendo el libre acceso y desenvolvimiento del voto por correo".
"No es de recibo que en otras provincias la gente pueda acceder para solicitarlo de una manera fácil, pidiendo (impresos) incluso para su familia y que aquí se sigan interponiendo trabas. Si "el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que no faltan impresos, ¿por qué no se dan con libertad?", inquirió el dirigente popular.
A su juicio, "la justicia ha abortado una manipulación política y mediática" de este caso, al que el PSOE y Coalición por Melilla han dado "un uso torticero, manipulador y bastardo".
También mostró Esteban su repulsa hacia el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien acusó de intentar manipular el proceso judicial al decir que se apreciaban irregularidades en el caso, lo que "demuestra el uso partidista que hace el Gobierno de la Justicia, de la que trata de hacer un apéndice de su partido".
"Estaremos a lo que decida la justicia y esperamos que el resto también lo esté", insistió Esteban, quien opinó que "se ha intentado que el voto no fuera libre y presentar al PP como un partido manipulador".
Incidió en que Melilla "no es una ciudad sin ley", sino que se respeta el Estado de Derecho, a la vez que pidió a los ciudadanos que muestren su repulsa por este tipo de actos y les recordó que el próximo 27 de mayo tienen la posibilidad de "cambiar estas prácticas".
Por su parte el gerente del PP melillense y responsable del encargo a la imprenta de los impresos de solicitud de voto por correo, Javier Lence, afirmó que se encuentra "como desde el principio, moralmente muy tranquilo porque soy consciente de jamás haber cometido un delito".
Lence se encontraba imputado en el caso por un delito de falsedad documental en relación con un posible fraude electoral.
Por ello, la formación llevará el caso "hasta sus últimas consecuencias", comenzando por una denuncia ante el juzgado de guardia por la filtración a medios del grupo Prisa de algunos contenidos de la investigación cuando ésta se encontraba bajo secreto de sumario.
"Queremos saber la verdad", dijo Esteban, quien opinó que la filtración es "doblemente grave", toda vez que un diputado socialista utilizó en una intervención parlamentaria algunas de las transcripciones telefónicas aparecidas en la prensa.
Además, el PP emprenderá acciones judiciales "contra todos los que han dicho cosas que se contravienen con la realidad", refirió Esteban, quien recordó que en los últimos días se ha hablado de "manipulación" e incluso "pucherazo".
"No es bastante que pidan disculpas, saldría muy barato y además su talla moral se lo impide", sostuvo, si bien precisó que a su partido no le mueve "un ánimo revanchista" sino el deseo de que la justicia "ponga las líneas rojas que no se pueden pasar".
La tercera de las líneas que emprenderá este partido es la presentación de una queja ante la Junta Electoral de Zona sobre la decisión del delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, "supuestamente obstruyendo el libre acceso y desenvolvimiento del voto por correo".
"No es de recibo que en otras provincias la gente pueda acceder para solicitarlo de una manera fácil, pidiendo (impresos) incluso para su familia y que aquí se sigan interponiendo trabas. Si "el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que no faltan impresos, ¿por qué no se dan con libertad?", inquirió el dirigente popular.
A su juicio, "la justicia ha abortado una manipulación política y mediática" de este caso, al que el PSOE y Coalición por Melilla han dado "un uso torticero, manipulador y bastardo".
También mostró Esteban su repulsa hacia el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien acusó de intentar manipular el proceso judicial al decir que se apreciaban irregularidades en el caso, lo que "demuestra el uso partidista que hace el Gobierno de la Justicia, de la que trata de hacer un apéndice de su partido".
"Estaremos a lo que decida la justicia y esperamos que el resto también lo esté", insistió Esteban, quien opinó que "se ha intentado que el voto no fuera libre y presentar al PP como un partido manipulador".
Incidió en que Melilla "no es una ciudad sin ley", sino que se respeta el Estado de Derecho, a la vez que pidió a los ciudadanos que muestren su repulsa por este tipo de actos y les recordó que el próximo 27 de mayo tienen la posibilidad de "cambiar estas prácticas".
Por su parte el gerente del PP melillense y responsable del encargo a la imprenta de los impresos de solicitud de voto por correo, Javier Lence, afirmó que se encuentra "como desde el principio, moralmente muy tranquilo porque soy consciente de jamás haber cometido un delito".
Lence se encontraba imputado en el caso por un delito de falsedad documental en relación con un posible fraude electoral.