El pasado 15 de febrero, el Consejo de Administración de la CNE autorizó a ACS a ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en las juntas de accionistas de Iberdrola, salvo en cuestiones estratégicas, aunque estableció que la constructora no podrá designar consejeros ni participar en la gestión.
La decisión de la CNE fue recurrida el 21 de febrero por Iberdrola, que solicitó también la suspensión cautelar de la autorización. La petición de suspensión cautelar fue rechazada por Industria el 26 de marzo, lo que permitió a ACS ejercer plenamente sus derechos políticos en la Junta de Accionistas que Iberdrola celebró el 28 de marzo en Bilbao, en la que se aprobó la compra del grupo escocés Scottish Power.
Los argumentos de Iberdrola se detallaron en un documento que la eléctrica envió a Industria el 23 de febrero. En ese escrito, la compañía pedía que se aclarasen algunos aspectos de la resolución emitida por la CNE, en concreto los relativos al nombramiento de consejeros y al ejercicio de los derechos de voto. Iberdrola alegaba que, a la vista de la resolución, era imposible establecer un listado tasado de materias estratégicas.
Además, señalaba que el mero ejercicio de los derechos de voto en algunos aspectos da a ACS capacidad de influir en la gestión de la compañía. Según la eléctrica, la resolución de la CNE no explica las motivaciones por las que se ha apartado de los precedentes aplicados al BBVA, que tuvo que elegir entre Iberdrola y Repsol YPF, y a La Caixa, que debió optar entre Gas Natural y Endesa.
En esos dos casos, el regulador energético sólo autorizó el ejercicio de derechos de voto por encima del 3 por ciento para las decisiones que afectaran al mantenimiento del valor de la inversión, es decir la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de reparto de dividendos.