L D (EFE) En declaraciones a las emisoras RCN, La FM y Caracol Radio, Uribe adujo "razones de Estado" para tomar esa decisión, y reiteró que no está proponiendo una ley de "punto final", sino que "la llamaría estímulo a la verdad con excarcelación y muerte política".
Según el jefe del Estado colombiano, esa excarcelación puede ser entendida como "un primer paso" hacia un posible acuerdo humanitario del gobierno y las FARC para intercambiar los 56 políticos, soldados y policías secuestrados, por centenares de terroristas presos.
Dicho acuerdo, que se intenta lograr desde hace más de cuatro años, no ha sido posible porque las FARC exigen desmilitarizar dos municipios del departamento del Valle del Cauca –Pradera y Florida– y porque el Ejecutivo exige que los que sean excarcelados no regresen al combate.
En la lista de cautivos figura la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 y estaba hasta el mes pasado con el policía John Frank Pinchao, quien se evadió tras casi nueve años de cautiverio y rebeló que la dirigente política y otros rehenes se hallan vivos.
"He venido proponiendo a los colombianos una excarcelación total o parcial en búsqueda de la verdad, como premio a la verdad, que no es ni amnistía ni indulto, que no levanta la condena, que no levanta la responsabilidad penal y que sería excarcelación total o parcial con muerte política", explicó el gobernante.
Agregó que "es al presidente de la República a quien le corresponde, cuando está convencido de que es útil para el bien general, lanzar estas propuestas, provocar una discusión y ofrecer toda la receptividad a quienes participen en esa discusión".
Uribe comentó que en lugar de una "ley de olvido" aspira a una "ley de memoria", para que Colombia no repita la historia de violencia. El presidente había aclarado la víspera que esa propuesta no es para beneficiar a los ex jefes del grupo terrorista paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que desmovilizaron a más de 31.000 combatientes tras celebrar conversaciones de paz con el gobierno entre 2003 y 2006.
Dicho acuerdo, que se intenta lograr desde hace más de cuatro años, no ha sido posible porque las FARC exigen desmilitarizar dos municipios del departamento del Valle del Cauca –Pradera y Florida– y porque el Ejecutivo exige que los que sean excarcelados no regresen al combate.
En la lista de cautivos figura la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 y estaba hasta el mes pasado con el policía John Frank Pinchao, quien se evadió tras casi nueve años de cautiverio y rebeló que la dirigente política y otros rehenes se hallan vivos.
"He venido proponiendo a los colombianos una excarcelación total o parcial en búsqueda de la verdad, como premio a la verdad, que no es ni amnistía ni indulto, que no levanta la condena, que no levanta la responsabilidad penal y que sería excarcelación total o parcial con muerte política", explicó el gobernante.
Agregó que "es al presidente de la República a quien le corresponde, cuando está convencido de que es útil para el bien general, lanzar estas propuestas, provocar una discusión y ofrecer toda la receptividad a quienes participen en esa discusión".
Uribe comentó que en lugar de una "ley de olvido" aspira a una "ley de memoria", para que Colombia no repita la historia de violencia. El presidente había aclarado la víspera que esa propuesta no es para beneficiar a los ex jefes del grupo terrorista paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que desmovilizaron a más de 31.000 combatientes tras celebrar conversaciones de paz con el gobierno entre 2003 y 2006.