L D (Europa Press) La Federación de Actores del Estado Español (FAEE), la Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (OSAAEE) y AISGE, entidad que aglutina a los más de 6.500 actores, dobladores, bailarines y directores de escena denuncian en su comunicado conjunto que "la mal llamada Ley de Cine llega al Consejo de Ministros sin ese consenso del que tanto presume el Gobierno".
No deja de ser curioso que la presidenta de AISGE, la actriz Pilar Bardem, haya matizado que "nosotros no pedimos subvenciones, nunca lo hemos hecho", pero consideró "desafortunado e insólito" que este anteproyecto "ignore a los artistas y al resto de profesionales".
No deja de ser curioso que la presidenta de AISGE, la actriz Pilar Bardem, haya matizado que "nosotros no pedimos subvenciones, nunca lo hemos hecho", pero consideró "desafortunado e insólito" que este anteproyecto "ignore a los artistas y al resto de profesionales".
"Mala, malísima"
El presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), Alejandro Echevarría, dijo que "es muy difícil arreglar una cosa muy mala. La Ley del Cine es muy mala, es malísima. Es casi imposible buscar a última hora fórmulas para intentar arreglarla". No obstante aseguró que las televisiones privadas seguirán cumpliendo con la obligación de aportar el 5 por ciento de sus ingresos brutos a inversión en cine.
"Podremos recurrirla desde el punto de vista legal, pero si nos la imponen la tendremos que cumplir", agregó Echevarría, que reiteró su "total disconformidad" con la medida "porque se obliga a un sector privado de la actividad económica a financiar a otro sector privado".
Además, consideró que la obligación del 5 por ciento se ha demostrado ineficaz a la hora de solucionar la crisis del cine español. "El cine puede ser o no demostración cultural, pero siempre y en todo caso es una actividad empresarial industrial, y las soluciones a la crisis debe llegar por vías industriales y no por proteccionismos y subvenciones públicas o privadas a los mal llamados productores independientes, que no han demostrado ser capaces de crear industria" y cuyas iniciativas "han tocado fondo".
A su juicio, y al igual que ocurre con la actual Ley –recurrida por UTECA y "con serias posibilidades que sea declarada inconstitucional y contraria a los tratados de la Unión Europea"– el texto del Gobierno "acrecienta los riesgos antieuropeístas y revela que la verdadera finalidad no es beneficiar al cine español sino seguir beneficiando y financiado a una parte de los productores".
Así, explicó que se creó el 5 por ciento las televisiones han aportado más de 800 millones de euros al cine, a pesar de cual el cine español "ha perdido espectadores cada año, aunque se ha pasado de producir 82 películas en 1999 a 148 en 2006".
Por su parte, el director general de la Federación de Cines de España (FECE), Rafael Albero, mostró su "decepción" ante un anteproyecto que "no recoge ninguna de las reivindicaciones del sector", pues mantiene la cuota de pantalla, no fija -como reclaman- el precio tope del pago de los exhibidores a las grandes distribuidoras americanas; ni estipula un plazo obligatorio de explotación de películas en salas, antes de pasar a otras ventanas.