L D (Agencias) Según informaron fuentes de las defensas, algunos letrados, entre ellos el que representa al acusado Rachid Aglif, "El Conejo", Andreas Chalaris, creen que el juicio del 11-M, que este mes entra en su recta final, ha sido más una segunda instrucción judicial que una vista oral, ya que durante el juicio se han dado a conocer por primera vez una serie de pruebas que no constaban en el sumario. Ello, entienden, les ha impedido solicitar "contrapruebas" para rebatir las nuevas que se han visto ahora en el plenario y eso creen que es ya un motivo de nulidad de las actuaciones.
Entre esas pruebas, destaca fundamentalmente la que se refiere a los explosivos empleados en los atentados y que el tribunal del 11-M admitió que se realizara cuando dictó el auto de apertura de juicio oral, accediendo a la petición que en sentido hizo el abogado de los acusados Jamal Zougam y Basel Ghalyoun, José Luis Abascal Escudero, con el objeto de evitar situaciones de "indefensión".
De esta prueba se fueron presentando informes preliminares antes y durante el juicio hasta que la pasada semana los ocho peritos que la han elaborado –dos de la Guardia Civil, dos de la Policía, dos propuestos por las acusaciones y otros dos por la defensa– expusieron sus conclusiones definitivas ante el tribunal. Su conclusión, que no se ha podido determinar la marca comercial de la dinamita que explotó en los trenes.
De este modo, esta prueba será una de las principales causas de nulidad que alegarán algunas de las defensas, cuestiones que ya trataron de plantear al inicio del juicio y que el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, impidió con el argumento de que la tramitación del sumario como procedimiento ordinario no permitía debatirlas al inicio de la vista sino que serían resueltas ya en sentencia. Las defensas de los acusados plantearán, entre las causas de nulidad, la propia instrucción del sumario o a las intervenciones de conversaciones telefónicas o ambientales a sus patrocinados.
Durante este mes, a finales del cual se estima que el juicio quede visto para sentencia, las acusaciones y las defensas irán desgranando, una por una, las conclusiones definitivas a las que han llegado durante el juicio. Todo apunta a que, entre sus modificaciones, la Fiscalía también elevará notablemente su petición de condena para el ex confidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier, para el que inicialmente solicita 20 años de cárcel, al considerarle el nexo de unión entre la célula islamista que perpetró los atentados y los asturianos que supuestamente proporcionaron los explosivos.
De hecho, el acusado para el que la Fiscalía solicita por el momento una mayor condena, 38.670 años de cárcel, es el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, al que considera autor de los atentados como "cooperador necesario", calificación que ahora podría hacer extensible a Zouhier. Esto redundará en que la pena solicitada finalmente para el ex confidente de la Guardia Civil, que en el juicio se declaró "superinocente", se equipare a las que la Fiscalía pide para los que considera principales responsables de la masacre y que en cada caso superan los 38.000 años de cárcel.
Otras modificaciones podrían estar relacionadas con la cifra definitiva de heridos en la masacre, dado que uno de los médicos forenses precisó en el juicio que esa cifra asciende a 1.841, lo que supera en 17 personas el número de heridos estimados por la Fiscalía, que en sus conclusiones provisionales hablaba de 1.824. Esta circunstancia debería llevar a la Fiscalía a cambiar en este sentido su cómputo de penas, ya que las condenas que pide para los que considera directamente implicados en los atentados las ha sumado en función de las personas fallecidas –191 más el GEO que murió en Leganés– y de los heridos, por los que solicita 18 años de cárcel por cada uno.
En concreto, este cambio afectará a Trashorras, a los supuestos autores intelectuales de la matanza -Rabei Osman El Sayed, "El Egipcio", Youssef Belhadj y Hassan El Haski- y a los presuntos autores materiales: Jamal Zougam, Abdelmajid Bouchar y Basel Ghalyoun, quienes ya se enfrentan a solicitudes de pena superiores a 38.000 años de prisión. No obstante, la Fiscalía no sólo elevará sus peticiones de condena sino que, por contra, también podría retirar alguna acusación como la dirigida contra Brahim Moussaten, sobrino de Belhadj, para el que hasta ahora solicita seis años de cárcel.
Antes de dar paso a la exposición de las conclusiones finales, el lunes concluye la fase documental en la que está prevista la proyección del vídeo realizado por las Fuerzas de Seguridad en el desescombro del piso de Leganés (Madrid) en el que se suicidaron siete presuntos responsables del 11-m. Además, se oirán las escuchas practicadas en la vivienda de la calle de Virgen del Coro, en la que supuestamente se celebraron reuniones en las que se incitaba a la Yihad, y que tenía alquilada el acusado Mouhannad Almallah Dabas, quien también alojó a los acusados Basel Ghalyoun y Fouad El Morabit.
Entre esas pruebas, destaca fundamentalmente la que se refiere a los explosivos empleados en los atentados y que el tribunal del 11-M admitió que se realizara cuando dictó el auto de apertura de juicio oral, accediendo a la petición que en sentido hizo el abogado de los acusados Jamal Zougam y Basel Ghalyoun, José Luis Abascal Escudero, con el objeto de evitar situaciones de "indefensión".
De esta prueba se fueron presentando informes preliminares antes y durante el juicio hasta que la pasada semana los ocho peritos que la han elaborado –dos de la Guardia Civil, dos de la Policía, dos propuestos por las acusaciones y otros dos por la defensa– expusieron sus conclusiones definitivas ante el tribunal. Su conclusión, que no se ha podido determinar la marca comercial de la dinamita que explotó en los trenes.
De este modo, esta prueba será una de las principales causas de nulidad que alegarán algunas de las defensas, cuestiones que ya trataron de plantear al inicio del juicio y que el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, impidió con el argumento de que la tramitación del sumario como procedimiento ordinario no permitía debatirlas al inicio de la vista sino que serían resueltas ya en sentencia. Las defensas de los acusados plantearán, entre las causas de nulidad, la propia instrucción del sumario o a las intervenciones de conversaciones telefónicas o ambientales a sus patrocinados.
Sánchez habla ahora de Goma 2 EC
La noticia de que algunos de los abogados podrían pedir la nulidad del juicio se conoce pocas horas antes de que la fiscal Olga Sánchez exponga sus conclusiones. El Mundo ha revelado las modificaciones que introducirá para adaptar sus conclusiones previas a lo escuchado hasta ahora en el juicio en relación a los explosivos. Según dice ahora la fiscal, el 11-m estalló Goma 2 ECO y Goma 2 EC en "cantidades mínimas". Así explicaría la presencia de DNT. De la nitroglicerina, acepta la teoría de la contaminación en laboratorio, rechazada en cambio por los expertos. Las muestras, afirma el escrito que recoge El Mundo, habrían estado almacenadas tres años en "bolsas de plástico porosas".
Durante este mes, a finales del cual se estima que el juicio quede visto para sentencia, las acusaciones y las defensas irán desgranando, una por una, las conclusiones definitivas a las que han llegado durante el juicio. Todo apunta a que, entre sus modificaciones, la Fiscalía también elevará notablemente su petición de condena para el ex confidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier, para el que inicialmente solicita 20 años de cárcel, al considerarle el nexo de unión entre la célula islamista que perpetró los atentados y los asturianos que supuestamente proporcionaron los explosivos.
Más cambios en la petición de penas
De hecho, el acusado para el que la Fiscalía solicita por el momento una mayor condena, 38.670 años de cárcel, es el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, al que considera autor de los atentados como "cooperador necesario", calificación que ahora podría hacer extensible a Zouhier. Esto redundará en que la pena solicitada finalmente para el ex confidente de la Guardia Civil, que en el juicio se declaró "superinocente", se equipare a las que la Fiscalía pide para los que considera principales responsables de la masacre y que en cada caso superan los 38.000 años de cárcel.
Otras modificaciones podrían estar relacionadas con la cifra definitiva de heridos en la masacre, dado que uno de los médicos forenses precisó en el juicio que esa cifra asciende a 1.841, lo que supera en 17 personas el número de heridos estimados por la Fiscalía, que en sus conclusiones provisionales hablaba de 1.824. Esta circunstancia debería llevar a la Fiscalía a cambiar en este sentido su cómputo de penas, ya que las condenas que pide para los que considera directamente implicados en los atentados las ha sumado en función de las personas fallecidas –191 más el GEO que murió en Leganés– y de los heridos, por los que solicita 18 años de cárcel por cada uno.
En concreto, este cambio afectará a Trashorras, a los supuestos autores intelectuales de la matanza -Rabei Osman El Sayed, "El Egipcio", Youssef Belhadj y Hassan El Haski- y a los presuntos autores materiales: Jamal Zougam, Abdelmajid Bouchar y Basel Ghalyoun, quienes ya se enfrentan a solicitudes de pena superiores a 38.000 años de prisión. No obstante, la Fiscalía no sólo elevará sus peticiones de condena sino que, por contra, también podría retirar alguna acusación como la dirigida contra Brahim Moussaten, sobrino de Belhadj, para el que hasta ahora solicita seis años de cárcel.
Antes de dar paso a la exposición de las conclusiones finales, el lunes concluye la fase documental en la que está prevista la proyección del vídeo realizado por las Fuerzas de Seguridad en el desescombro del piso de Leganés (Madrid) en el que se suicidaron siete presuntos responsables del 11-m. Además, se oirán las escuchas practicadas en la vivienda de la calle de Virgen del Coro, en la que supuestamente se celebraron reuniones en las que se incitaba a la Yihad, y que tenía alquilada el acusado Mouhannad Almallah Dabas, quien también alojó a los acusados Basel Ghalyoun y Fouad El Morabit.