LD (Agencias) El defensor de Raúl González Peláez, el abogado Endika Zulueta, destacó este miércoles que la principal prueba incriminatoria contra su cliente durante la investigación del 11-M fue una declaración de otro de los acusados, Iván Granados, que aseguró en dependencias de la Guardia Civil que José Emilio Suárez Trashorras le había confesado que fue González quien le había proporcionado la dinamita.
No obstante –destacó–, Granados confesó después que le implicó porque los agentes le prometieron "una pizza y que le pondrían en la calle" si le incriminaba. Zulueta destacó que se le mostraron a Granados fotos de su defendido, conocido como El Rulo, y que el joven asturiano no le reconoció en ningún caso. Dijo además que González sólo trabajó en Mina Conchita, de donde se extrajeron los explosivos utilizados en los atentados, hasta el 7 de diciembre de 2003 y que fue él quien pidió el cambio a otra explotación de la misma empresa, Mina Collado.
"Cambia porque le viene mejor y pide ir a una mina donde el control de explosivos es mayor y no hay tantos problemas como en Mina Conchita", destacó el abogado que intentó mostrar la incongruencia de que una persona acusada de traficar con explosivos pida este cambio a un lugar donde sería más difícil robar dinamita.
Raúl González Peláez, alias El Rulo, está acusado de los delitos de asociación ilícita y suministro de explosivos, por los que la Fiscalía solicita en su caso un total de 8 años de prisión. El Rulo trabajaba como minero-artillero en Mina Conchita, donde había sido compañero de José Emilio Suárez Trashorras.
Se encargó de proporcionar al ex minero asturiano la dinamita que éste le solicitaba y de esconderla en el monte a cambio de cocaína, según la fiscal Olga Sánchez. Actualmente se encuentra en libertad con cargos y permaneció dos años en prisión.
Zulueta destacó también, durante la exposición de sus conclusiones definitivas que se prolongó durante más de dos horas, que su cliente ha sufrido una vulneración del principio acusatorio y dijo que en un inicio, cuando se produjo su encarcelamiento, se le imputaba también un delito de pertenencia a banda terrorista islamista. "No había salido en su vida de su pueblo, Tineo, y no había visto a un árabe en su vida", dijo Zulueta.
Explicó que durante el desarrollo del proceso su cliente "pensaba" que "lo tenía engañado" ya que a lo largo de las diferentes sesiones de la vista "nadie hablaba de él". Y es que, añadió, el letrado, "no existe ninguna prueba contra él". "¿Cómo puede ser que 23 acusaciones y 3 fiscales no aporten ninguna prueba contra él?, destacó.
Acusó, además, a la Fiscalía de haber renunciado a valorar la existencia de indicios que demostrarían la nula implicación de El Rulo en los hechos de que se le acusa porque no era necesario investigar "si ya tenían a un minero". Resaltó que según las declaraciones de el menor conocido como El Gitanillo, Jamal Ahmidan, alias El Chino y otros miembros de su grupo accedieron a Mina Conchita solos. "No necesitaban la presencia de ningún minero", dijo.
La “cuarta trama” y el “quinto elemento”
Así, indicó que las acusaciones han ido variando a lo largo del juicio entre la teoría de "quién no ha sido" y la de "han sido otros", "un partido de pin pon en el que las defensas no han participado". Subrayó que nunca ha visto en un proceso que se ocuparan tantas jornadas en dedicarse a averiguar quién no ha sido el culpable del delito. "Se ha pasado mucho tiempo hablando de los otros, que si la cuarta trama, que si el quinto elemento....pero veníamos a otra cosa, a hablar de las 28 personas y de los hechos que se les imputan y ver qué pruebas había contra ellos", concretó.
Valoró otros indicios existentes contra su cliente como la existencia de llamadas entre El Rulo y Suárez Trashorras y precisó que se le acusa de pertenecer a una asociación, conocida como la trama asturiana. "La única trama es que todos los acusados son de Asturias", dijo, apuntando a que la Fiscalía no cuenta con ningún indicio criminal.
Precisó también que el hecho de que Mina Conchita se caracterizara por un enorme descontrol no puede ser tampoco causa incriminatoria para su cliente ya que eso lo sabía "media Asturias". "No ha pasado nada más porque Dios no ha querido, Alá no ha querido o el destino no ha querido", agregó.
Falta la intervención de los acusados
El letrado dijo que todas las partes presentes en el proceso parecen estar de acuerdo en unas premisas básicas, es decir, "que fue un grupo yihadista, que cometió los atentados con explosivos de Mina Conchita, que intentó atentar contra el AVE y que los miembros del juicio se suicidaron en Leganés". "Falta la intervención de las 28 personas que están acusadas", destacó.
Zulueta puso de manifiesto, por otra parte, los beneficios promocionados por la publicidad de la vista oral. Aseguró que además de lograr que la sociedad española haya percibido lo que es un juicio en nuestro país, ha logrado que se profundizara en las garantías judiciales de sus clientes. "El sistema funciona y hay que decirlo", indicó el abogado defensor.
Destacó el importante papel jugado por las acusaciones a través de su labor de buscar la verdad con "unos clientes que tienen el corazón roto" y recordó a las víctimas –el pueblo de Madrid, dijo– destacando que pensó desde el principio "que todos íbamos en esos trenes". En este sentido puso de manifiesto que en Madrid "no se quemaron mezquitas ni se apedreó a ciudadanos árabes" sino que se dio paso a la Justicia.
Indicó, además, que los acusados "se sienten víctimas de esta situación, pero se les ha hecho ver que hay otras personas que sienten un dolor mayor que el suyo y que también buscan la verdad". "Queremos encontrar esa verdad porque puede ayudar a la absolución de nuestros clientes y también mitigar el dolor que ellos sufren". "Queremos esclarecer qué sucedió en esos trenes", destacó.
Secreto de la causa
El defensor puso de manifiesto el perjuicio para los acusados provocado por el secreto de la causa, que se mantuvo entre el 11 de marzo de 2004 y el 25 de abril de 2006. Destacó que los letrados únicamente tuvieron 7 meses para estudiar "más de 1.000 folios y no sé cuantas piezas abiertas".
"Ha sido una carrera que empezamos con los pies atados y el fiscal, que iba corriendo, nos dice: no sé de que te quejas, tú también corres. Vamos con los pies atados pero vamos a ganar nosotros", afirmó el abogado.
Destacó que este secreto provocó que se realizara un interrogatorio a su cliente introduciendo preguntas sobre temas que él desconocía. Entre ellas, se le interrogó por los motivos por los que él pensaba que Suárez Trashorras ha asegurado que era él el que proporcionó la dinamita.
"Resulta que Suárez Trashorras nunca ha dicho eso", apostilló Zulueta. "Raúl ha estado dos años en la cárcel y cuando preguntaba por qué estoy en la cárcel tengo que decir que no lo sé porque la causa esta secreta", agregó. "No sé si no están todos los que son. Lo que sí sé es que todos los que están no son, y Raúl González no es", concluyó.
El único elemento contra Moussaten es una "relación familiar"
Por otra parte, el letrado Miguel García Pajuelo, defensor del acusado Mohamed Moussaten, aseguró, en la exposición de su informe de conclusiones definitivas, que "todo el elemento de imputación" existente contra su cliente "queda reducido" a que es sobrino de uno de los considerados autores intelectuales de los atentados, Youssef Belhadj. Agregó que su cliente "nunca mantuvo con su tío otra relación que la de carácter familiar" y destacó que ni siquiera en este aspecto el contacto fue excesivamente estrecho ya que en un periodo de 15 años "solo le vio en cuatro ocasiones".
El abogado puso de manifiesto que a lo largo de la vista no ha quedado acreditado que haya colaborado con banda terrorista ni que perteneciera al supuesto aparato logístico del grupo que cometió los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Recordó, que en el inicio de la causa, la Policía detuvo a otros tres miembros de su familia y actualmente ya no se encuentran acusados: su padre, su madre y su hermano, Brahim Moussaten, que quedó en libertad recientemente después de que las acusaciones recitaran las imputaciones en su contra por falta de pruebas.
Al igual que el abogado de Rachif Aglif, Andreas Chalaris, añadió que ni siquiera ha quedado probada la existencia de una organización terrorista. "No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde está esa organización terrorista", dijo.
Mohamed Moussaten fue detenido en febrero de 2005 junto a su hermano Brahim, que también fue acusado por el Ministerio Público. La Fiscalía considera que pudo facilitar la huída de Mohamed Afalah (huído y a quien se considera fallecido en Irak) y de Abdelmajid Bouchar (que huyó y fue posteriormente detenido en Belgrado) tras la explosión de la casa de Leganés. El tío de los dos hermanos Moussaten, Youssef Belhadj, está considerado como uno de los autores intelectuales de los atentados. La fiscal Olga Sánchez solicita para Moussaten ocho años de prisión por el delito de colaboración con organización terrorista. Fue puesto en libertad pocos meses después de su detención tras pagar una fianza.
Según considera acreditado la Fiscalía, el acusado era conocedor de la pertenencia de su tío Youssef Belhadj a una organización terrorista y, además de haber mantenido con él diversas conversaciones sobre la yihad, visionó con él, a través de Internet, escenas de guerra santa y combates y otras de ejecución de grupos terroristas islámicos, como los degollamientos..
García Pajuelo reiteró en el inicio de su informe su condena y la de su cliente a los atentados y mostró su solidaridad con las víctimas. Solicitó además la nulidad del procedimiento al considerar que el prolongado secreto de la causa perjudicó al derecho a la defensa de los acusados. Pidió también la nulidad del interrogatorio efectuado a su cliente y recordó que recibió, según declaró ante la sala, amenazas por parte de los agentes que le dijeron que si no confesaba iban a extraditarle a Marruecos o a cortarle una mano. Recordó que fue detenido junto a sus padres y que durante las preguntas que se le practicaban les oía gritar.
Descalificación del informe
El defensor indicó que la acusación contra Moussaten se basa en un informe de la Dirección General de la Policía en el que se hace alusión, entre otros aspectos, a que participó en encuentros de tipo yihadista, punto que no ha quedado demostrado, dijo, a lo largo de la vista oral. Dijo que su cliente ha asegurado que nunca oyó a su tío realizar alusiones a que perteneciera a Al Qaeda o que tuviera intención de hacer la yihad.
García Pajuelo destacó que la familia Moussaten llevaba una vida "completamente normal" y que todos ellos "tenían un trabajo estable que han ido perdiendo por motivo de este proceso". Indicó que en el momento de su detención su cliente era un joven de 19 años, con su novia, y los problemas típicos de la edad. "Estoy muy orgulloso de haber defendido a Mohamed Moussaten y pido una sentencia absolutoria", concluyó.