L D (EFE) En su intervención durante la comparecencia de la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, en el Pleno extraordinario que debate esta supuesta trama de corrupción, que investiga un juzgado de Madrid, Sánchez ha señalado que "han fallado estrepitosa y clamorosamente y tendrían que asumir sus responsabilidades".
Pedro Sánchez ha sostenido que "existe una responsabilidad 'in vigilando'" respecto a las actividades de los implicados que a su juicio llega hasta el alcalde y una responsabilidad también por las ordenanzas que, en su opinión, han hecho posible "el cohecho, el trafico de influencias y la extorsión a los ciudadanos". Respecto a esa responsabilidad "in vigilando", se ha preguntado si "hizo algo el señor alcalde cuando hace dos años recibió cartas de dos empresarios denunciando la extorsión" y ha dicho que "resultan clamorosos sus silencios" y que "quien calla otorga".
En su opinión, "es imposible decir que la corrupción ha venido y nadie sabe cómo ha sido", porque era "un secreto a voces" y está "instalada en el Ayuntamiento", ya que afecta a dos áreas de gobierno, las de Urbanismo y Medio Ambiente, a cuatro de las 21 juntas municipales y a "más de una treintena de trabajadores" del consistorio madrileño.
En respuesta a la afirmación de Martínez de que si "lo ocurrido era un secreto a voces" muchos tendrían que haber sabido algo, entre ellos el propio Grupo Socialista, Sánchez ha señalado que "este Grupo Municipal no es cómplice de lo que ha ocurrido, ni esta corporación, ni los medios de comunicación, ni la sociedad civil madrileña, son ustedes como máximos responsables de este Gobierno".
Como la responsable de Urbanismo, también él ha citado al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, al declarar que "la trama funcionaba de manera estable al menos durante los últimos dos años", "precisamente" tras la aprobación de la Ordenanza de concesión de licencias que el PP considera, ha dicho, "tan extraordinaria".
El edil del PSOE ha acusado además al vicealcalde, Manuel Cobo, de haber "mentido" el pasado día 14 al decir que no había personas de libre designación implicadas, cuando a día de hoy "hay dos encarceladas". Como soluciones, el PSOE ha propuesto modificar la citada Ordenanza, "que no ha funcionado", y desarrollar "algunos puntos de ella que son positivos", además de aumentar los recursos humanos destinados a la tramitación de licencias, puesto que, "después de haber fichado a 1.100 cargos de confianza sólo tienen 7 inspectores para vigilar a 26.000 funcionarios".