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España rechaza la compraventa de CO2 hasta lograr un acuerdo global con EEUU y China

España reclama en el Consejo de Competitividad de la UE que las industrias comunitarias reciban gratis las asignaciones de permisos de emisión hasta que haya un acuerdo internacional para luchar contra el cambio climático en el que participen EEUU y China. La razón: la pérdida de competitividad y el miedo a que se produzca una deslocalización masiva de empresas.

Documento: La carta de de los gobiernos europeos a Bruselas
España reclama en el Consejo de Competitividad de la UE que las industrias comunitarias reciban gratis las asignaciones de permisos de emisión hasta que haya un acuerdo internacional para luchar contra el cambio climático en el que participen EEUU y China. La razón: la pérdida de competitividad y el miedo a que se produzca una deslocalización masiva de empresas.
LD (M. Llamas) El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Alberto Navarro, ha explicado que España ha solicitado a Bruselas que las industrias comunitarias queden exentas del pago de las emisiones de CO2, propio del sistema de subastas que establece el Protocolo de Kioto, hasta que se alcance un acuerdo internacional sobre cambio climático en que estén presentes EEUU y China, informa Europa Press.
 
El objetivo es mantener la competitividad de las empresas europeas y evitar deslocalizaciones, según ha expuesto Navarro durante el Consejo de Competitividad de la UE. La Comisión Europea( CE) acordó el pasado 23 de enero que, a partir de 2013, las empresas de electricidad ya no obtengan los derechos de emisión de forma gratuita como hasta ahora sino que paguen por el 100% de los mismos a través de subastas (el precio de futuros supera ya los 20 euros por tonelada de CO2).
 
El resto de sectores introducirán las subastas de manera más gradual. El acuerdo comunitario para la lucha contra el temido calentamiento global contempla, además, una excepción para las industrias intensivas en energía, que podrán obtener los permisos de manera gratuita si no se logra un acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.
 
Carta de Clos a la Comisión
 
Según estimaciones elaboradas por la industria nacional, la aplicación de dicho sistema entre 2013 y 2020 supondrá un coste cercano a los 6.000 millones de euros anuales. Es decir, casi 48.000 millones en apenas ocho años.
  
Navarro ha indicado que, durante el almuerzo de ministros de Industria, algunos países liderados por Francia expresaron una "preocupación grande" por la posibilidad de que esta medida afecte a la competitividad de la industria europea y facilite las deslocalizaciones a China o a otros países con estándares más bajos.
  
Por ello, Francia propone establecer "algún tipo de tasas o aranceles en frontera" a los productos procedentes de los países que no se sumen a la lucha contra el cambio climático, pero Reino Unido y Países Bajos se oponen a esta medida, según señala el responsable de Asuntos Europeos.
  
En su intervención ante el Consejo, Navarro se situó más cerca de la postura francesa que de la británica y reclamó que se preserve la competitividad de la industria europea. "Queremos en concreto que las empresas y las industrias puedan recibir los derechos de emisión de manera gratuita, que se haga un reparto gratuito al 100 por cien de esos derechos de emisión, a la espera de que haya un acuerdo global.
 
Ese día ya sí aceptaríamos los mecanismos de subasta o de compra de esos derechos de emisión para las industrias que tienen un alto consumo de energía", dijo. También reclamó que a las pequeñas y medianas empresas se les exonere de participar en este sistema de comercio de emisiones.
 
Desde que el pasado 23 de enero la CE acordara la estrategia post-Kioto contra el cambio climático, un creciente número de países comunitarios ha solicitado a Bruselas que reconsidera dicho plan, debido al elevado coste que supondrá al conjunto de la industria europea, ya que se verá obligada a pagar por cada tonelada de CO2 que emita a la atmósfera, a diferencia de la gran mayoría de economías del mundo, tales como EEUU, China o India.
 
Entre ellos, España. Así, el ministro de Industria, Joan Clos, poco después de la aprobación de la citada estrategia, remitió una carta a la CE en la que mostraba esta misma preocupación. En concreto, según las fuentes consultadas por Libertad Digital, Clos ya avanzaba entonces esta misma idea: que la industria nacional se viera exenta del pago de derechos de emisión hasta que se acordara un tratado internacional que obligara a otras potencias económicas, así como economías emergentes, tales como EEUU, China o India.
 
Así, la misiva remitida por Clos, coincide, en gran medida, con la carta conjunta enviada a Bruselas por los responsables económicos e industriales de Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Hungría y República Checa, fechada el pasado 15 de febrero. El documento, al que ha tenido acceso LD, remarca la preocupación de estos gobiernos sobre la posible pérdida de competitividad y empleo que sufrirán sus respectivas industrias en caso de que no se “clarifique” el marco de emisiones aprobado por Bruselas.
 
De este modo, Industria se desmarca del discurso positivo y triunfalista mostrado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, con respecto a la estrategia energética acordada por la UE hace apenas un mes.
 
Hidrógeno como combustible
 
Por otro lado, los Veintisiete apoyaron la propuesta de la Comisión Europea para poner en marcha un proyecto de investigación sobre el uso del hidrógeno como combustible, una iniciativa que recibirá 470 millones de euros de las arcas comunitarias.

 El objetivo es que las pilas de combustible de hidrógeno sean una realidad en el mercado automovilístico en 2010-2020. En paralelo, la Comisión Europea apuesta por impulsar la comercialización de automóviles que utilicen este tipo de energía limpia.

Para ello, Bruselas propone establecer un modelo único de homologación que facilite a los fabricantes de automóviles pasar desde el motor basado en el petróleo a uno cuya fuente de energía sea el hidrógeno.

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