L D (Agencias) Así lo han confirmado fuentes del Alto Tribunal, que han precisado que el magistrado falleció en su domicilio de la urbanización El Bosque, de Villaviciosa de Odón. Sobre las causas, Efe ha precisado que, según las mismas fuentes, serán determinadas en la autopsia que se le va a practicar. Su última aparición pública fue el pasado día 22, cuando asistió a la toma de posesión de dos nuevos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Roberto García-Calvo fue propuesto por el PP como candidato a las vacantes en el TC en julio de 2001 y fue finalmente elegido en el mes de octubre. Pertenece al llamado "sector conservador" del tribunal. En uno de los importantes veredictos que el tribunal debía resolver, el recurso de la Ley de Violencia de Género, tenía pendiente de presentar en los próximos días su voto particular contra el aval del TC a la norma.
El 19 de octubre de 2007 el Gobierno decidió recusarle, junto a su compañero Jorge Rodríguez Zapata, también del sector conservador, para apartarle de las deliberaciones sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que blindaba a María Emilia Casas en su cargo de presidenta del alto tribunal. El fin último de la estrategia del Ejecutivo era garantizar un veredicto favorable al Estatuto catalán, sobre el que aún no se ha pronunciado el tribunal.
El pasado 12 de marzo el Pleno del Tribunal Constitucional los apartó de la discusión del recurso presentado por el PP. La reforma de la LOTC fue avalada finalmente el pasado 9 de abril con las ausencias de los recusados así como de la presidenta y el vicepresidente del Tribunal, a los que afectaba la medida.
La complicada sustitución de García-Calvo
Fuentes judiciales consultadas por Libertad Digital han indicado que el proceso para sustituirle será largo y podría llevar varios meses, con lo que lo más probable es que las importantes decisiones que aún tiene pendientes de dilucidar el tribunal, la principal, la del Estatuto catalán, queden en manos de sólo once magistrados.
Para su sustitución, se hace necesario una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados, que fue quien le nombró, a propuesta de los populares, en 2001. Por lo tanto, sería necesario un amplio consenso entre las fuerzas políticas, en particular del PP y del PSOE.
A ello se suma que hay otros cuatro miembros del alto tribunal que ya concluyeron su mandato el pasado 19 de diciembre –Casas, Jiménez, Rodríguez-Zapata y Vicente Conde–, cuyo nombramiento requiere también del acuerdo entre los grupos parlamentarios. Si se mantiene la actual situación sin que se solucione la renovación de García Calvo, cabe augurar un veredicto del Constitucional favorable al Estatuto por el actual reparto de fuerzas entre los sectores conservador y de izquierdas en el tribunal.
Uno de los magistrados más veteranos
Natural de La Bañeza, en León, Roberto García-Calvo nació en 1942. Licenciado en Derecho y Fiscal, el 23 de julio de 1968 ingresó en la carrera fiscal. En 1971, cuando era Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, fue designado presidente del Tribunal Provincial de Amparo de dicha ciudad.
En 1989, fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ocupó hasta 1990. Roberto García-Calvo, que concurría como único candidato a la vacante del CGPJ, fue elegido por el Senado a propuesta de Alianza Popular (AP) y obtuvo 154 votos a favor de los 152 necesarios para ser ratificado por la Cámara. En dos ocasiones anteriores, en marzo y en abril de 1988, el Congreso había votado en contra de su candidatura, al no contar ésta con el apoyo del Grupo Socialista.
Hasta octubre de 1995, ejerció como fiscal del Tribunal Supremo, fecha en la que fue elegido magistrado de la Sala Segunda de dicho Tribunal, en sustitución de Marino Barbero. García-Calvo fue, además, miembro de la Asociación de Fiscales (AF).
En su trayectoria cabe destacarse, además, que fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo partidarios de inculpar a Felipe González en el caso GAL y de indultar al juez Javier Gómez de Liaño.
Protagonista involuntario de la guerra en el TC
En el marco de la guerra que se libra desde el pasado año en el tribunal para intentar forzar una mayoría favorable al Estatuto, El País llevó a primera página la denuncia de un joven con antecedentes penales contra García Calvo por supuestamente haberle amenazado con una pistola en una discusión de tráfico. El Supremo archivó la causa el pasado mes de abril, ya que no se ratificó la denuncia.
El archivo, "por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno", se produjo después de que el joven se retractara durante su declaración ante el Alto Tribunal. Contrariamente a lo dicho en su denuncia inicial ante un juez de Móstoles (Madrid), el joven aseguró que el incidente fue una "mera discusión por cuestiones de la trayectoria de los vehículos" que tanto él como García Calvo conducían el día de los hechos.