L D (Europa Press) El magistrado rechazó en octubre admitir a trámite la demanda al considerar que la conducta de los capitanes y tripulaciones de los barcos de rescate no fue constitutiva de una infracción penal ya que los navíos de Salvamento Marítimo "no crearon el riesgo" que desembocó en el fallecimiento de los ocupantes del cayuco sino que "pretendían evitarlo".
"Los incidentes en el ejercicio de las maniobras de acercamiento y rescate no se pueden prever de antemano", destacaba el magistrado que añadía que en un rescate de este tipo "se debe asumir un riesgo, que es inevitable pues se adopta a fin de salvar la vida de personas que se encuentran en peligro inminente".
Andreu especificaba que el hecho de que el barco efectuara "una maniobra brusca" que podría haber favorecido el hundimiento de la patera no fue significativo "dadas las circunstancias en que transcurre la acción de salvamento". "La absoluta excepcionalidad y riesgo de tales maniobras hacen que no pueda achacarse una falta de previsión o de destreza merecedora de reproche penal".
Infracción del deber de cuidado
No obstante, la Sección Cuarta considera que "no debe proceder rechazar de plano la querella" dado que en el relato efectuado por el letrado que la presentó, el abogado de oficio tinerfeño Plácido Alonso, se denunciaba una "omisión voluntaria no maliciosa" con un presunta infracción del deber de cuidado que desembocó en la muerte de las 88 personas en la maniobra de salvamento al partirse el cayuco.
Los tres magistrados de la Sección –Paloma González, Juan Francisco Martel y Fernando Bermúdez de la Fuente– indican al juez Andreu que debe solicitar a la autoridad marítima de Canarias que le remita las diligencias levantadas a raíz del rescate fallido.
"A la vista de ello, y con libertad de criterio del Juzgado Instructor para la práctica de las diligencias complementarias que considere procedente, se podrá decidir con mayor conocimiento si continuar con la tramitación de la causa o archivarla", indica el auto.
Fundamentos de la querella
El abogado Plácido Alonso fundamentó su demanda en dos motivos, por una parte la negligencia o imprudencia en que en su opinión incurrieron los dos barcos remolcadores que emprendieron el rescate de los 136 inmigrantes que viajaban en el cayuco y fueron avistados a más de 100 millas de las costas de Tenerife –'Conde de Gondomar' y 'Luz de Mar'– y por otra en la carencia en los navíos de dispositivos flotantes que hubieran reducido el número de víctimas mortales una vez se produjo el hundimiento de la embarcación.
Según relataba el abogado, la patera fue avistada el pasado 19 de julio a más de 100 millas de la costa de Tenerife por un barco privado que dio aviso a Salvamento Marítimo. En un primer momento arribó a la zona el remolcador 'Luz de Mar', cuyo capitán era el responsable de las maniobras, y que se apostó en las proximidades del cayuco sin abordarlo, explicó Peña en base a las declaraciones realizadas por los supervivientes.
La embarcación, que transportaba a personas procedentes del África subsahariana (Ghana, Senegal, Guinea Bissau, Gambia y Liberia), llevaba 10 días de navegación y la falta de combustible provocó la parada de sus dos motores, relató el letrado.
Sobre las dos de la madrugada llegó a la zona otro remolcador, el 'Conde de Gondomar'. Según explicó el abogado los inmigrantes rescatados han descrito que el barco se acercó "muy rápido" y dio un giro que provocó oleaje y desestabilizó a la patera. "Poco después, en la aproximación, golpeó a la embarcación y la partió en dos", indicó Alonso. Sólo 48 personas pudieron ser rescatadas con vida y otras 88 desaparecieron en el mar.