Como veníamos anunciando desde hace ya algún tiempo, el Gobierno, ansioso por firmar la paz con Polanco, autorizó el viernes la fusión de las plataformas digitales. Poco ha importado que el informe que el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, remitió a las autoridades españolas, advirtiera de que la cuota de mercado de la nueva Sogecable, gracias a los contratos exclusivos para la emisión de fútbol, toros y cine, alcanzaría el 90% y privaría a las televisiones por cable de la mayor parte de sus contenidos.
Tampoco han tenido en cuenta Rato y Aznar las advertencias del Servicio de Defensa de la Competencia en este sentido, de las que también se hicieron eco los cuatro especialistas del Tibunal de Defensa de la Competencia que emitieron voto discrepante. Y de poco ha servido el ingenuo voto concurrente de José Juan Franch, quien condicionaba la fusión a la transformación de la nueva Sogecable en un carrier de señal para todos aquellos canales de TV que solicitaran sus servicios y a la subasta de los canales de pago adicional y los pay per view (fútbol y cine). Al fin y al cabo, el TDC es sólo un organismo consultivo cuyos dictámenes no son vinculantes. Pero el Gobierno, aunque sólo fuera por dar la impresión de que no lo tenía todo preparado y pactado de antemano, dijera lo que dijere el TDC, al menos podía haber agotado el plazo (hasta el 13 de diciembre próximo) de que disponía para dar a conocer su decisión.
No ha sido así, y las condiciones impuestas a la fusión, que básicamente coinciden con las expresadas en el dictamen del TDC, no son más que una apariencia de restricciones frente a prácticas monopolistas. La “obligación” de abrir la quinta parte de los canales de la plataforma a terceros operadores suena a broma, puesto que en la actualidad, como recordó el mismo Rato, el porcentaje incluido es casi el 60 por ciento. No es nada fácil ni barato rellenar de programación propia el 80 por ciento de los canales. En cuanto a la prohibición de vender conjuntamente el paquete televisivo y el acceso a Internet de banda ancha de Telefónica o el proyecto Imagenio (televisión por Internet), el principal perjudicado no es Polanco sino Telefónica, que tendrá que renunciar al aspecto de la fusión que para ella podía ser más atractivo, además de vender su participación en Antena 3.
De poco les servirá a las cableras, las únicas competidoras potenciales del flamante monopolio de la televisión de pago, que Telefónica no pueda emplear su red de cable para emitir los canales de la plataforma o que Polanco no pueda venderles en paquete los canales temáticos; habida cuenta de que las condiciones de la fusión permiten a la nueva Sogecable seguir acaparando los contenidos más interesantes.
Polanco tendrá la exclusiva de los partidos del Barça y del Real Madrid hasta 2008, los únicos, junto, quizá, con los del Atlético de Madrid, rentables en la modalidad de pago por visión. Y en cuanto al cine, la nueva Sogecable tan sólo tendrá que renunciar a la exclusividad de Metro Goldwyn Mayer, la única major de Hollywood –la menos taquillera– con la que Vía Digital tenía exclusiva. Polanco podrá seguir conservando las otras siete y contratando exclusivas por tres años con los beneficios derivados de la ausencia de competencia. No se podía haber concebido una barrera de entrada más eficaz para la competencia de Ono y Auna.
Por ello, causan risa, cuando no pena, los esfuerzos del Gobierno por maquillar la entrega del monopolio perfecto de la televisión de pago a Polanco. La fijación de los precios de abono de la plataforma por parte del Gobierno hasta 2005 (subirán por debajo del IPC) es un cebo que se ofrece a la opinión pública y a las organizaciones de consumidores para dar a entender que el Gobierno ha paliado los efectos perversos del monopolio, como son las subidas de precios.
Esto puede estar bien para cualquier otro sector que no sea el de los medios de comunicación, donde el factor más importante no es tanto que el consumidor disfrute de unos precios asequibles sino que tenga variedad donde elegir. Polanco no vende electricidad –recuérdense el celo y la prepotencia de Rato en contra de la fusión de las eléctricas, la cual sí que podría haber aportado beneficios a los consumidores–, gas o automóviles, sino opiniones; y a partir de ahora, las suyas serán poco menos que ley. Pensar que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones vigilará de cerca al magnate de Prisa en el cumplimiento de las condiciones impuestas –las únicas que tienen cierta relevancia son las que afectan a los pactos estratégicos con Telefónica en materia de medios de comunicación– es pecar de exceso de ingenuidad: si el Gobierno sigue sin cumplir la sentencia del Supremo sobre el antenicidio, poco le importará en el futuro hacer la vista gorda sobre los negocios de Polanco, diga lo que diga la CMT, cuyos miembros son designados también por el Gobierno.
En Libre Mercado
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro