Los escasos avances que se han producido en torno a la cuestión de Gibraltar han sido siempre fruto de la presión diplomática y económica, fundamentalmente de esta última. Para el Reino Unido, el mejor de los mundos es que el mantenimiento de una base naval y un centro de espionaje de las telecomunicaciones (integrado en el sistema ECHELON) no le suponga coste adicional alguno aparte del mantenimiento del personal militar y de las instalaciones. Y la mejor forma de hacerlo, aprovechando la benevolencia de España desde que se reabrió la verja, era convertir la Roca, no sólo en un paraíso fiscal, sino también en sede de toda esa clase de negocios que los países de la OCDE se niegan a albergar en su territorio. No en vano, Gibraltar es el quinto “inversor extranjero” en Rusia con una población que no llega a los 30.000 habitantes, pues de los 11.000 millones de euros que las mafias rusas blanquean al año, al menos una cuarta parte procede de Gibraltar.
Las anchas espaldas y la excesivas solicitud y tolerancia de nuestros sucesivos gobiernos desde la transición –quizá justificables mientras se negociaba nuestro ingreso en la CEE, pero no después de 1986– han propiciado los actuales excesos de la colonia británica; tan notorios que Gibraltar ha pasado de ser un problema bilateral entre España y el Reino Unido a convertirse en una fuente de preocupación e irritación para Europa. El blanqueo de dinero, la competencia desleal en materia fiscal, el incumplimiento de las normas medioambientales, el negocio de repostaje de combustible al margen de las normas de seguridad europeas y la ausencia de inspecciones a las chatarras flotantes que recalan en el Peñóna –íntimamente relacionadas con la tragedia del Prestige– han colmado la paciencia de la Comisión Europea, que desde hace dos meses viene requiriendo al Reino Unido para que aplique la normativa Europea a lo que va camino de convertirse en un nido de piratas, en el estricto sentido de la palabra.
A finales de noviembre, y con la catástrofe del Prestige sobre la mesa, la Comisión Europea convirtió la recomendación del pasado octubre, en la que se instaba al Reino Unido a abolir el régimen de exención del impuesto sobre sociedades para las empresas de capital extranjero constituidas en Gibraltar, en un ultimátum sobre el que Londres tendrá que pronunciarse antes del 31 de enero de enero próximo mediante la promulgación de una norma que derogue la legislación relativa a sociedades exentas antes del 31 de diciembre de 2005. Y el pasado miércoles, el Ejecutivo comunitario, a propuesta del comisario de Mercado Interior y Fiscalidad, Frits Bolkestein, ha optado por llevar a los tribunales al Reino Unido por su falta de respuesta a los requerimientos de las autoridades europeas para que facilitara información sobre la recaudación de IVA y e impuestos especiales, entre los que se encuentra el que grava los carburantes procedentes de barcos como el Prestige que la “gasolinera del Estrecho” vende a todo tipo de barcos, especialmente a los que no se atreven, por su mal estado, a sufrir las inspecciones de los puertos europeos.
Es triste que tengan que ser las autoridades europeas las que alcen la voz para poner coto a los abusos de Gibraltar y del Reino Unido cuando hubiera correspondido a nuestros Gobiernos, por razones evidentes que no es preciso explicar, haber elevado estas quejas a la Comisión Europea mucho tiempo atrás. Desde la transición, nuestra diplomacia parece haberse abonado al tópico –casi siempre falso en las relaciones internacionales– de que la cortesía, la tolerancia y las buenas maneras abren todas las puertas. La política de apertura y buena voluntad en el contencioso de Gibraltar sólo ha servido para que Gibraltar se convierta en un lavadero de dinero negro, para que los Bossano y Caruana de turno nos insulten hasta quedarse afónicos y para que el Reino Unido nos tome a chirigota, como sucedió con el asunto del Tireless, a cuenta de las sempiternas promesas de avance en unas negociaciones que en casi tres siglos apenas han avanzado un palmo hacia los intereses españoles.
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