Desde que prácticamente todas las competencias en materia de urbanismo y vivienda fueron transferidas a las Comunidades Autónomas, la Administración del Estado tiene muy poco que hacer y que decir en materia de política de vivienda. Menos aún cuando el PSOE y las autonomías donde los socialistas gobernaban torpedearon, con un recurso de inconstitucionalidad, la Ley del Suelo del PP. Una ley cuyo objetivo era conseguir que la calificación de suelo urbanizable –el principal factor de la carestía de la vivienda– no dependiera del capricho del político o burócrata de turno. Así, en una de las sentencias más desafortunadas que se recuerdan, el Tribunal Constitucional otorgó a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en materia de ordenación urbanística, privando al Estado de una de las escasas posibilidades que le quedaban de influir positivamente en la solución de este problema.
Ni que decir tiene, la burocracia carece de poderes demiúrgicos, y mal que les pese a quienes observan una fe ciega en el poder de la letra impresa en el BOE, los problemas no se resuelven por el simple hecho de crear una nueva burocracia. Menos aún cuando el nuevo organismo carece, además, de la capacidad legal y competencial para resolverlos. Por esto mismo, la creación de un nuevo Ministerio de la Vivienda y la cacareada promesa de las 180.000 viviendas no son más que un mero brindis al sol, una operación puramente propagandística. Con la añadidura, en este caso, de que Zapatero necesitaba una ministra más para completar la cuota femenina de su Gabinete (dicho sea de paso, pocas medidas hay tan refinadamente machistas y que pongan tanto en entredicho la valía y la dignidad de las mujeres como la imposición de cuotas de género).
La prueba de que las 180.000 viviendas y el nuevo ministerio no eran más que burdos y gaseosos reclamos electorales cuyo cumplimiento va mucho más allá de las capacidades y competencias del Gobierno, está en que Maria Antonia Trujillo, la ministra del ramo, ha tenido que ir transformando las viviendas iniciales primero en "actuaciones", y después –encomendándose en su impotencia a Salvador Allende, que obró el "milagro" de destruir, en apenas tres años, la democracia y la economía chilena–, en "soluciones habitacionales".
Para anunciar que las 180.000 "soluciones habitacionales" surgirán de la reducción del IVA a la vivienda, de las desgravaciones fiscales al alquiler y de la drástica disminución de las deducciones por compra de vivienda en el IRPF –que serán sustituidas por las ayudas directas– no hacía falta crear un ministerio. Bastaba, todo lo más, con una humilde dirección general, el rango que el capítulo de la vivienda tenía en el anterior Gobierno. Pero es que, además, la nueva ministra no hace sino incidir en medidas ya ensayadas y, en su mayor parte, fracasadas y contraproducentes, pues no hace falta ser un especialista en economía para darse cuenta de que estimular la demanda trae como consecuencia un aumento de los precios. La reducción del IVA y las ayudas directas a la compra de viviendas sólo conseguirán incrementar la presión de la demanda. Y lo mismo ocurrirá con la desgravación a los alquileres para los inquilinos y con las ayudas directas al pago de las rentas: quedarán neutralizadas, o incluso superadas, por la subida de los precios de los alquileres.
Quizá sea por esa confesada devoción por la figura de Salvador Allende por lo que María Antonia Trujillo ni siquiera se ha planteado abordar las únicas "actuaciones" o "soluciones habitacionales" viables que pueden adoptar su Mini-sterio y su Gobierno: la reforma en profundidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la agilización de los trámites de desahucio por impago. Pues la única manera de potenciar el mercado de alquileres es ofrecer a los propietarios un mínimo de seguridad jurídica en su relación con el inquilino. Porque, en lo que toca a calificación de suelos urbanizables, a construcción de nuevas viviendas y a viviendas de protección pública, la ministra tendrá que pedir permiso a las comunidades autónomas, que son las que ostentan las competencias. Y, a este respecto, no sería mala idea que Trujillo tomara nota del proyecto de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, para convencerse ella y para convencer a las autonomías del PSOE de que la mejor forma de solucionar el problema de la vivienda no es, precisamente, la subvención directa a la compra o el alquiler, sino fomentar el incremento de la oferta y ofrecer seguridad jurídica. Lo demás, es perder el tiempo, el esfuerzo y el dinero de los contribuyentes. Y lo que es peor: introducir incertidumbre e inseguridad jurídica en el sector que está sosteniendo el crecimiento y la creación de empleo en la economía española.