Mediante la investigación el ser humano incrementa su poder al obtener conocimiento científico y tecnológico, pero a menudo se olvida que la utilidad del conocimiento sólo puede ser juzgada con referencia al propósito y a la valoración subjetiva de cada persona. El conocimiento puede ser valioso, pero su adquisición tiene un coste que cada individuo debe considerar.
Las empresas privadas investigan para obtener conocimientos y tecnología que les permitan servir a sus clientes de forma más eficiente y competitiva, y deben decidir cuántos recursos dedicar (y cómo hacerlo) a la investigación y al desarrollo de nuevos productos, de modo que lo obtenido sea más valioso que los recursos gastados. Los accionistas muestran su aprobación a los proyectos de la empresa invirtiendo en ella. Los consumidores demuestran que valoran lo producido pagando por ello.
La investigación estatal produce necesariamente conocimientos menos valiosos y útiles que los conseguidos en una sociedad libre. Los recursos utilizados proceden de los impuestos confiscados a los ciudadanos, los cuales no pueden decidir voluntariamente si les interesa o no participar en los proyectos de investigación. Las líneas de investigación se deciden según criterios políticos, por razones electorales de prestigio e imagen de los gobernantes. Los resultados obtenidos se distribuyen de forma gratuita, con lo cual es imposible determinar su auténtico valor. Los institutos oficiales compiten de forma desleal con las empresas privadas.
La investigación estatal suele ser realizada por funcionarios no sometidos a la obligación de satisfacer a sus clientes, y que constantemente reclaman más recursos públicos para poder continuar con sus actividades favoritas (que a menudo sólo interesan a una ínfima minoría). Aunque alegan que trabajan en beneficio de toda la sociedad, en realidad ellos mismos son los principales beneficiarios: mantienen sus puestos de trabajo y adquieren una experiencia que les puede proporcionar mejores oportunidades profesionales en el futuro.
La investigación del genoma humano es una clara muestra de demagogia. La prensa alaba a los investigadores públicos y demoniza a los privados. Para Francis Collins, director del consorcio público, "Lo importante es que cualquiera pueda estudiar el genoma humano". Según John Sulston, coordinador del equipo británico, "Sería criminal dejar esta investigación en manos privadas". Los científicos piden acceso libre al genoma sin tener que pagar por ello (están acostumbrados a ignorar todos los criterios económicos) y afirman de forma arbitraria y sin ofrecer ningún dato al respecto que el coste social de no participar de la nueva era de la genética puede ser mucho mayor que las inversiones necesarias. Si están tan bien informados, ¿a qué esperan entonces para invertir su propio dinero?
En el campo contrario (el de los buenos), la iniciativa empresarial privada de Craig Venter y Celera no les ha costado un duro a los contribuyentes y ya produce beneficios para sus accionistas. ¿Quiere usted aprovecharse de los resultados de su trabajo? Pues sea honrado y pague por ellos.
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