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EDITORIAL

En el País Vasco no están todos

Una de las líneas maestras del nacionalismo gobernante en el último cuarto de siglo ha sido esa. Usar en provecho propio el poder autonómico para persuadir a los oponentes a marcharse sin hacer demasiado ruido

Cuando el gobierno de Juan José Ibarretxe, sus adláteres y asimilados se regodean con la idea, presuntamente dialogante, de convocar a la sociedad vasca a las urnas suelen ignorar que en el País Vasco no están todos. Faltan muchos, más de 300.000 que han tenido que marcharse de su tierra por los asesinatos y amenazas de los etarras y por el ambiente irrespirable que se vive en una sociedad completamente alienada por el nacionalismo. Esto, que a la vista está para quien quiera verlo, tuvieron que recordarlo ayer los miembros del Foro de Ermua en un acto celebrado en Madrid.
 
La estimación realizada por el Foro de Ermua es de 383.700 las personas que han tomado el camino del exilio en los últimos 25 años. Y lo que es más impactante, 119.000 lo han hecho desde que Ibarretxe fue elegido lehendakari en 1998. Una sangría demográfica en una región que sobrepasa por poco los dos millones de habitantes. Las razones por las que semejante cantidad de gente lo ha dejado todo por empezar una nueva vida más allá de los límites del País Vasco son esencialmente de orden político. Una auténtica diáspora democrática de la que casi nadie se acuerda y que nadie denuncia. Muy al contrario, los únicos vascos exiliados que son motivo de constante actualidad son los presos de la banda terrorista ETA, con quienes el gobierno autónomo no escatima cuidados y reivindicaciones.
 
Recompuesto el panorama de este modo, el Foro de Ermua concluyó que el “censo electoral vasco ha sido gravemente alterado por procedimientos coactivos y terroristas”. Ya era hora de que alguien se atreviese a exponerlo en toda su crudeza. En el País Vasco no sólo no se vota con libertad, sino que una buena porción del electorado ni siquiera puede hacerlo porque ha sido retirada del mismo por métodos que poco o nada tienen de democráticos. ¿Qué validez tienen entonces las repetidas referencias del lehendakari a los vascos y las vascas cuando muchos de ellos se encuentran incapacitados para votar?, ¿por qué Ibarretxe y sus socios se remiten siempre al veredicto de las urnas a sabiendas de que parte de los electores incómodos han sido desactivados? 
 
Una de las líneas maestras del nacionalismo gobernante en el último cuarto de siglo ha sido esa. Usar en provecho propio el poder autonómico para persuadir a los oponentes a marcharse sin hacer demasiado ruido. En el País Vasco han conseguido su propósito, o casi. Si 380.000 ciudadanos obligados a un destierro forzoso no pueden hacer frente y plantar cara políticamente a los planes del lehendakari, significa que éste terminará saliéndose con la suya muy a pesar de que no toda la sociedad vasca ha podido pronunciarse en igualdad de condiciones. El famoso “ámbito de decisión vasco” que suelen reclamar los discípulos de Arzallus es, en suma, el ámbito de decisión de los nacionalistas que, una vez logrados sus objetivos, procederán a la purga última y al silenciamiento definitivo de los que queden allí y aun se opongan a los designios que la entente PNV-EA-Batasuna ha trazado para la región.
 
La agenda política vasca del año en curso se promete caliente. En abril elecciones autonómicas y en una fecha aún por determinar un plebiscito ilegal para refrendar el plan secesionista de Ibarretxe. A los vascos de dentro no les va a quedar más remedio que sumarse a la “rebeldía cívica” que propugnó ayer María San Gil desde Bilbao. A los de fuera, a los casi 400.000 vascos exiliados, nos les cabe más que la valentía y la determinación de luchar por la democracia y la libertad en la tierra que les vio nacer.

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