Reproducimos por su interés este artículo publicado el 13 de febrero de 2006.
En las dos primeras semanas de febrero de 2006, año letal para España, se confirma que nos adentramos a ciegas en un proceso revolucionario, tan atípico, desnortado y descompuesto que su rasgo principal es que quien infringe la legalidad con ánimo de destruirla es el Gobierno que debería defenderla y quien trata de impedirlo es la oposición, que alerta en vano a la ciudadanía sobre la catástrofe que se avecina.
Probablemente el punto de no retorno en esta liquidación de todos los principios morales en que se asienta cualquier legalidad democrática fue el respaldo de la Fiscalía General del Estado; es decir, del Gobierno, a la pretensión del mayor asesino en serie de la historia de España, el etarra Henry Parot, que pretende fundir dos condenas de veinte años en una sola, con el resultado de que en tres años estaría en la calle y habría pagado sólo tres meses de cárcel por cada uno de sus 84 asesinatos, entre ellos los de cinco niñas en la Casa-Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Que la legalidad española sea tan ridículamente compasiva con el delito es gravísimo, pero lo es mucho más que cuando la fiscalía de la Audiencia Nacional interpreta esa legalidad de forma que el más sanguinario y menos arrepentido de los etarras pague al menos cuarenta años en prisión sea el propio Gobierno el que se oponga, porque con ello trata de mostrar a la ETA su inquebrantable disposición al "diálogo", es decir, a la rendición del Estado y la Nación.
Cuando aún no salíamos del estupor de la revelación de El Mundo sobre esa coincidencia entre Conde Pumpido y el abogado de la ETA, llegó la noticia de que otro de los cabecillas históricos de ETA, "Paquito", pretendía el mismo trato, y al día siguiente que lo hacía el responsable de la matanza de Hipercor, donde también fueron sacrificados mujeres y niños en el altar sangriento del socialismo separatista vasco. Al tiempo, el PP alcanzaba casi un millón de formas para pedir un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, que ha empezado a discutirse en el Congreso sin que aún se tenga el texto del acuerdo nocturno de Zapatero y Mas. Casi a la vez, la destitución del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño por ser un obstáculo en los planes del Gobierno con respecto a la ETA conseguía un efecto insólito en la opinión pública: miles de personas convocadas por la AVT le rendían homenaje en el monumento a la Constitución, en plena Castellana, mientras en Libertad Digital se recogían miles de testimonios de apoyo a Fungairiño. La AVT convocaba además para el 25 de Febrero una manifestación de rechazo a la política del Gobierno con respecto al terrorismo.
No sabemos el efecto que en la opinión pública ha podido tener la convicción creciente de que Zapatero está dispuesto a algo que nunca se creyó posible: poner en libertad a los peores asesinos etarras como parte de su proceso de negociación con los separatistas vascos, tras haberlo hecho ya, aunque en términos sólo a medias conocidos, con los separatistas catalanes. Pero es muy posible que los primeros datos recabados por el Gobierno llevaran al presidente a protagonizar uno de los episodios más grotescos de este fin de régimen que estamos viviendo sólo dos años después de la llegada del PSOE al Gobierno mediante la manipulación de la masacre del 11-M. El viernes 10, Zapatero abrió el telediario de la primera cadena de TVE con una pomposa cuanto brumosa declaración sobre el fin del terrorismo que, en uno de sus párrafos decía: "estamos en circunstancias que me permiten tener la convicción de que puede empezar el principio del fin pero eso dependerá de muchos factores, será una tarea larga, difícil y dura". Pero en los medios y la opinión pública caló sobre todo esta frase "estamos ante el inicio del principio del fin". Ya es raro que una cosa tan estúpida como "el inicio del principio" se fije en la memoria de la gente como clave política de lo que pasa, pero es que lo hace con dos sentidos radicalmente opuestos: el favorable al Gobierno acepta como realidad esperada y deseable que el Gobierno ha pactado ya con la ETA el final del terrorismo; en cambio, la media España favorable al PP entiende que el Gobierno está dispuesto a cualquier concesión con tal de conseguir una mínima apariencia de tregua, pero que ni eso tiene aún pactado y amarrado con la ETA, por la sencilla razón de que es imposible el pacto con los terroristas. Mucho menos cuando se les hace ver que, en la peor de las circunstancias, sin dar apenas una batalla, están ganando la guerra.
En mi opinión, frasecitas como la del inicio del principio, el empezar del comienzo o el amanecer de la alborada muestran dos cosas: mucha prisa y muy poca realidad, demasiada aceleración en las promesas sin apenas ninguna concreción real. Y cuando un Gobierno vive empeñado en vender a la opinión un pacto con los terroristas que no pasa de voluntad de rendición, es fatal la derrota del Estado de Derecho y, en nuestro caso, del régimen constitucional y de la nación española como sujeto de la soberanía. Yo entiendo la aparición de Zapatero como heraldo de la nada en clave de defunción nacional. Estamos ante el prólogo del epílogo. Acaso el prólogo de una etapa de zapaterismo teledirigida por Polanco y controlada por los nacionalistas catalanes y vascos. Sin duda el epílogo de la nación más antigua de Europa. Y con el epílogo de España, el carpetazo a nuestras libertades y el fin de nuestra condición de ciudadanos. Porque si no hay España, no hay libertad. Y no puede haberla cuando esa libertad se reserva para los peores asesinos mientras se regatea o se niega a los millones de españoles que quieren seguir siéndolo, que se niegan a formar parte de este vasto plan de liquidación nacional emprendido por Funeraria Progresista, "el amanecer del ocaso".