Javier de la Cueva, abogado coordinador del proyecto de la Demanda contra el canon y administrador del servidor del muy interesante Derecho de Internet, publicaba en El País hace unos días un artículo sobre el canon de la SGAE (y otras entidades de gestión). El texto es en líneas generales muy recomendable. Presenta ideas muy sólidas y ofrece una información sobre esta cuestión bien articulada. Sin embargo comete un error en su primer párrafo que, aunque es cierto que no hace perder validez al resto del escrito, merece ser corregido.
Con todo el respeto que merece un abogado experto en la cuestión, la introducción con la que trata de ambientar la cuestión adolece de una simplificación excesiva que deja fuera de la escena a actores que participan también en el debate sobre el canon digital y otras acciones de las entidades como la encabezada por Teddy Bautista. Sobre las posturas ante la propiedad intelectual, De la Cueva las limita a dos. La primera es la de aquellos que consideran que "los derechos de autor son un derecho fundamental que debe ser gestionado a través de un intermediario (una entidad de gestión) para hacerlo efectivo", mientras la segunda sería la de aquellos que creen que "la propiedad intelectual debe cumplir, ante todo, una función social, y la existencia de las entidades de gestión supone la estructura institucionalizada con la que se oculta el sistemático robo de los derechos de los autores".
Sin embargo hay otras posturas, en algunos casos muy desarrolladas desde hace tiempo, que el citado abogado no tiene en cuenta. Posturas que aunque coinciden con los defensores de la supuesta "función social" en su rechazo al modelo actual y a las pretensiones de las entidades de gestión, tienen un fundamento radicalmente contrario.
Entre ellos están quienes rechazan la mera existencia de la propiedad intelectual por considerarla un ataque a la propiedad privada, que según ellos sólo puede ser sobre realidades tangibles. Esta es una teoría muy desarrollada, posiblemente con mayor profundidad que cualquiera de las dos definidas por De la Cueva, a la cual han aportado ideas de gran importancia autores de primer orden. Sus defensores se oponen a la visión de las ideas como un bien social, puesto que consideran que no se puede obligar a nadie a hacerlas públicas. Quien no quiere que otros las utilicen pueden limitarse a no comunicárselas a nadie o a hacerlo mediante cláusulas contractuales que obliguen a no transmitirlas a terceros.
La propiedad privada se basa, para quienes defienden esta postura, en la existencia de bienes escasos y las ideas no lo son. Si una persona come una manzana dicho fruto no puede ser consumido por otro, pero si alguien toca una canción o utiliza un código en un programa esto no impide que alguno más haga lo mismo. De hecho, si se impide su uso a terceros (personas, empresas u otras organizaciones) se está limitando de forma ilegítima el uso que estos pueden hacer de los bienes físicos (por ejemplo una guitarra o un ordenador) de los que estos son propietarios. Desde esta posición, sin duda resulta ilegítimo e inmoral las pretensiones de la SGAE y similares de cobrar por el uso de una propiedad inexistente.
Pero hay incluso una cuarta postura mucho menos desarrollada desde el plano teórico pero que también tiene un peso específico en la oposición al canon. La de aquellos que, sin entrar a fondo en si existe o no en realidad algo parecido a la propiedad intelectual y los derechos de autor, entienden que resulta evidente (como de hecho lo es para cualquiera que no saque tajada del sistema o pretenda hacerlo) que el canon a los CD y otros soportes supone un atentado claro contra la propiedad de quienes compran estos productos, puesto que se les obliga a pagar por un uso que posiblemente no les van a dar.
Dejar de lado cualquiera de estas dos posturas supone tanto debilitar al conjunto de ciudadanos que se oponen a los abusos de las entidades de gestión de derechos de autor como perder profundidad en un debate que en realidad empezó hace décadas y que cada día cobra mayor actualidad.
