Udalbiltza, la asamblea de electos municipales nacionalistas vascos del PNV, EA y EH que también incluía a concejales y alcaldes nacionalistas vasco-franceses, nació en septiembre de 1999 al calor del Pacto de Estella y la tregua trampa de ETA con unos propósitos muy claros. Esta institución irregular, según la declaración política que aprobaron los alcaldes y concejales nacionalistas en 1999, tendría como objetivos “afirmar la existencia de Euskal Herria (País Vasco, Navarra y País Vasco-Francés) como Nación”, coadyuvar a la “estructuración política de Euskal Herria”, “impulsar la construcción nacional de Euskal Herria”, desarrollar “una acción concertada de los representantes municipales en ámbitos tales como la lengua, la cultura, el deporte, el medio ambiente, la ordenación del territorio, el desarrollo económico, el bienestar social, etc.” y “proyectar en el ámbito internacional la existencia de Euskal Herria como nación propia y diferenciada, y su voluntad de actuar como tal en la futura configuración europea y en sus instituciones”.
Es decir, el objetivo era definir estrategias de acción comunes para crear un embrión de estado vasco –donde el adjetivo “vasco es, naturalmente, sinónimo de nacionalista– independiente dentro del Estado, basado en el poder municipal, en desafío tanto al marco legal e institucional español como al francés. Con su tregua trampa, ETA-Batasuna, entonces representada por EH, había logrado su principal objetivo: atraer a sus planteamientos a los nacionalistas “moderados”. Una vez conseguido esto, apenas tres meses después los terroristas daban por finalizada la “tregua”. PNV y EA quedaban en una difícil situación, asociados al brazo político de ETA. Dar marcha atrás abiertamente a Estella y Udalbiltza y reconocer el error del pacto con ETA hubiera implicado, desde el punto de vista de los nacionalistas, admitir una derrota ante el “estado español”, algo inadmisible desde el punto de vista de la escatología nacionalista, que ve la “liberación” de Euskal Herria –la entelequia racista político-geográfica que sólo existe en su imaginación– como un proceso lineal donde no caben retrocesos.
Por ello, después de casi un año de infructuosos ruegos a ETA-Batasuna para que retomara la tregua trampa y seguir avanzando juntos en el proceso separatista sin el incómodo obstáculo de los asesinatos, PNV y EA no tuvieron más remedio que expulsar de facto a los alcaldes y concejales de ETA-Batasuna del seno de Udalbiltza, a lo que los etarras respondieron con la creación de Udalbiltza Kursaal. Desde noviembre de 2000, existen, pues, dos “Udalbiltzas”: la del PNV-EA y la de ETA-Batasuna. Una separación meramente formal y por motivos de imagen, si se tiene en cuenta que los contactos y la colaboración entre ambas pseudoinstituciones han sido fluidas. Como ponen de manifiesto, por ejemplo, el apoyo financiero que la Udalbiltza del PNV-EA presta a la Federación de Ikastolas (ligada a ETA-Batasuna), el respaldo prestado a Egunkaria (altavoz de ETA en euskera) y a su sustituto Egunero con declaraciones políticas y publicidad institucional, el “DNI vasco” o el “plante conjunto al Estado español” ofrecido por Joseba Egibar –artífice de Estella– a ETA-Batasuna.
La ilegalización de Batasuna y, por tanto, la imposibilidad de que ETA pueda concurrir a las elecciones, pondrá fin a la Udalbiltza batasuna, una pantalla más de los etarras. La dirección de ETA ya había previsto esa posibilidad en 2001, por lo que ordenó a los concejales batasunos, según afirmó Ángel Acebes tras la detención de ocho de los miembros de Udalbiltza Kursaal el martes por orden del juez Garzón, “crear, promover públicamente y controlar” la plataforma AuB, tal y como se desprende de los documentos intervenidos al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, “Susper” y de otros incautados en operaciones policiales a raíz de la detención de “Susper”. La Udalbiltza de ETA estaba cumpliendo al pie de la letra esas instrucciones, coordinando la presentación de candidatos de AuB, repartiendo propaganda etarra en sus sedes y preparando una “legislación vasca de partidos” como respuesta a la ilegalización de Batasuna. Apoyada indirectamente, por cierto, por PNV-EA, cuando Atutxa pretexta la “soberanía” de la Cámara vasca para no disolver los grupos parlamentarios de la extinta Batasuna.
Afortunadamente, la Ley de Partidos también había previsto esa posibilidad y la Justicia trabaja a fondo para impedir que ETA se sirva una vez más de las instituciones democráticas y del dinero público para sus fines criminales al servicio del horizonte totalitario que, junto con PNV-EA, desea imponer a vascos, navarros y vasco-franceses. Porque, aun a pesar de las diferencias de “método”, el objetivo final de nacionalistas “moderados” y “radicales” es el mismo: constituir un estado nacionalista basado en consideraciones raciales y con el “modelo referencial” cubano de fondo. Es decir, un estado nacional-socialista
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