Más detenciones, esta vez a cargo de Garzón. Y el Parlamento Vasco sigue resistiéndose a ilegalizar a Sozialista Abertzaleak, el grupo parlamentario sucesor de Batasuna. Y las Juntas Electorales admiten que AuB, la agrupación de electores compuesta fundamentalmente por antiguos cargos electos de Batasuna y miembros de grupos del entramado ETA, pueda presentarse a las elecciones municipales y forales de mayo.
Así, en próximos días veremos a la Sala VI del Tribunal Supremo dictando un nuevo auto para evitar que SA sigua existiendo como grupo parlamentario en el Parlamento Vasco y la fiscalía habrá de estar atenta a la posible presentación de múltiples agrupaciones electorales en el País-Vasco y Navarra de AuB, con la finalidad de que no puedan presentarse a las elecciones de 25 de mayo los sucesores de Batasuna. La Ley Orgánica de Partidos Políticos, en su Disposición Adicional 2ª, reformó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para evitar una situación como la que ahora se intuye. El artículo 44 de la indicada ley electoral –reformada por la Ley Orgánica de Partidos Políticos– recoge: “No podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión.” De forma similar a la ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna, de 27 de marzo, la competencia para resolver de estas cuestiones la remite al Tribual Supremo.
Con ello se abre la vía a que dicho Tribunal, en su Sala VI, revoque las resoluciones de las distintas Juntas Electorales de Zona que han admitido las listas electorales de AuB, en un procedimiento que, en su caso, finalizará ante el Tribunal Constitucional con anterioridad al inicio de la campaña electoral, con anterioridad al 9 de mayo.
Si a esto añadimos la negativa del PNV en el Parlamento Vasco a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna, utilizando diferentes trabas –siempre por motivos formales, como la petición de que el Tribual Supremo le indique expresamente si SA se encuentra incluida en dicha ilegalización–, durante este mes de mayo se van a completar, no sin complicaciones, los últimos efectos de la ilegalización de Batasuna. Porque de la famosa idea de Atutxa e Ibarretxe de que el Parlamento autonómico es soberano para tomar sus propias decisiones mejor no hablar, puesto que su labor finaliza donde acaban sus competencias y, desde luego, ningún Parlamento puede inaplicar una resolución judicial basándose en esa idea tan peregrina. La división de poderes ya ha sido inventada y el PNV no puede encontrar ya muchas rendijas legales para incumplir la legalidad, por mucho que le pese.
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