En el seno de la economía española, que en los últimos 20 años ha alcanzado cotas razonables de liberalización y desregulación en la mayoría de sus sectores, el mercado de la generación de energía eléctrica ha quedado como una isla de regulaciones y precios intervenidos. Aun a pesar de la aparente liberalización de la distribución hacia los consumidores, lo cierto es que sigue siendo el Gobierno el encargado de fijar precios máximos, discriminando entre unos grupos de consumidores y otros. Es también el Gobierno el que impide la construcción de nuevas centrales nucleares y el que obliga a las empresas eléctricas a comprar el carbón producido en España a precios que nada tienen que ver con los de los mercados internacionales. O a comprar la cara energía producida por las poco competitivas centrales eólicas o las minicentrales que después las eléctricas deben facturar al precio fijado en el BOE. Y también es iniciativa del Gobierno, a través del Plan Energético Nacional, la sustitución del fuel oil y el carbón por el gas natural en las centrales de ciclo combinado, aun a pesar de que el precio del gas también, como el del fuel oil, depende de la cotización del petróleo, de que su abastecimiento depende muy fuertemente de países políticamente poco estables como Argelia, y de que, en términos de la relación coste/rendimiento energético, el gas natural no es muy superior precisamente al fuel oil o al carbón; aunque, después de la nuclear, el gas es la energía más limpia.
La combinación de precios máximos, compras obligatorias y tecnologías impuestas y la condición de “isla” eléctrica de nuestro país, unida a las peculiaridades de la producción de electricidad –no es posible almacenar esa producción, que debe ser consumida en el acto– hacen del sector en España un candidato natural a la concentración empresarial en busca del tamaño óptimo que permita aprovechar las economías de escala y racionalizar las inversiones en las condiciones que impone la Administración al sector. Tal era el propósito de la fusión entre Endesa e Iberdrola, así como la que intentaron Unión Fenosa e Hidrocantábrico, o la que impulsó Repsol entre Gas Natural e Iberdrola, todas frustradas por el ministerio de Economía de Rodrigo Rato con el pretexto de la defensa de una competencia virtualmente inexistente en el sector, ya que es el propio Gobierno quien fija los precios, designa a los proveedores e impone las tecnologías.
En realidad, la defensa de la eficiencia y la competencia en un sector fuertemente intervenido carece de elementos de juicio objetivos y, por ello, difícilmente puede estar libre de motivos políticos muchas veces ajenos a los económicos o de gestión empresarial. Es el caso de la fusión entre Unión Fenosa e Hidrocantábrico o la de Endesa e Iberdrola, donde pesó más el deseo de Rodrigo Rato de no aflojar el control directo sobre un sector tradicionalmente considerado como estratégico que su necesaria reorganización de cara a los futuros retos de la competencia internacional y de la evolución tecnológica.
Sin embargo, obstaculizar el desarrollo natural de un sector por motivos extraeconómicos suele traer consecuencias perversas. Económicas y políticas. Ello obligaría en cierto modo, tanto por coherencia como por evitar males mayores, a seguir interviniendo para evitar, una vez rechazada la opción óptima, que otras menos eficientes ocupen su lugar. Tal es el caso de la OPA que Gas Natural lanzó sobre Iberdrola y que la Comisión Nacional de la Energía ha decidido no autorizar. Las razones del organismo regulador son impecables desde el punto de vista del interés general, habida cuenta de que se trata de un mercado intervenido: la OPA suponía la paralización de inversiones por valor de 4.100 millones de euros y desinversiones por otros 5.000, con el objeto de remunerar a los accionistas, refinanciar el alto volumen de endeudamiento y amortizar el fondo de comercio que se derivaría de la OPA. La menor tasa de inversión de la entidad resultante podría incidir negativamente, a juicio de la CNE, en el futuro abastecimiento eléctrico. Una razón de peso como para frenar la operación. Y otro tanto podría decir el Tribunal de Defensa de la Competencia, habida cuenta de que Gas Natural, con un 72 por ciento de cuota de mercado, e Iberdrola, con un 8 por ciento, coparían el 80 por ciento del mercado de comercialización y distribución de gas en España.
Aunque estos motivos son ya de por sí suficientes –insistimos, siempre en el contexto de un mercado oligopolístico fuertemente intervenido donde no existe competencia real–, tampoco hay que perder de vista el trasfondo político de la OPA. Tanto los nacionalistas vascos como los catalanes, embarcados en sendos proyectos soberanistas, querrían asegurarse la independencia o al menos el control de sus respectivos abastecimientos energéticos con el apoyo político del sector “centrífugo” del PSOE liderado por Maragall y el económico de cajas de ahorro como BBK (PNV) y La Caixa (CiU), propietarias, sobre todo la segunda, de verdaderos emporios empresariales que consiguen revertir en cierto modo empresas recién privatizadas hacia un sector público autonómico mucho más politizado, al servicio de las respectivas “construcciones nacionales”.
La Caixa, sometida al control político de CiU, es el accionista mayoritario de Gas Natural. Antoni Brufau, aspirante a la sucesión de Vilasarau –quien actualmente y hasta 2004 preside la entidad bancaria–, es el presidente de la gasista. Asimismo, Caixa Catalunya, en la esfera del PSC de Maragall, también posee participaciones de Gas Natural. Por otra parte, BBK, la caja de ahorros vasca controlada por el PNV, posee el 7,5 por ciento de Iberdrola y el 3 por ciento de Gas Natural. La adjudicación de Naturcorp (la gasista pública vasca) a Hidrocantábrico –eléctrica controlada por Cajastur que, a su vez, controla el PSOE asturiano– en lugar de a Iberdrola –como aparentemente hubiera sido el deseo de Ibarretxe– eliminaba, en teoría, obstáculos a la fusión de Gas Natural e Iberdrola, de mucho mayor alcance estratégico. Y en el proceso de desinversión de la que hubiera sido la empresa resultante, lo más probable es que ésta se hubiera deshecho de los saltos de agua de la antigua Hidroeléctrica Española, por los que el ejecutivo de Ibarretxe ya había mostrado un vivo interés.
Aunque hay razones suficientes para dar un ‘no’ económico a la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola, lo cierto es que desde el punto de vista del interés general de España, las razones políticas son tanto o más importantes que las económicas, habida cuenta también de la intención política que puede adivinarse en la operación. Una intención que, por cierto, justificaría plenamente el proyecto del Gobierno de limitar al 3 por ciento los derechos políticos de las participaciones empresariales en poder de las cajas de ahorro, las cuales, líderes autonómicos como Chaves, Areces, Antich, Maragall, Mas e Ibarretxe emplean como bancos públicos al servicio de sus respectivos programas políticos.
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