Por raro que parezca, ha habido tiempos en los cuales la política tenía función de aprendizaje moral. Lo único memorable de quien haya pasado alguna vez por los híspidos tiempos clandestinos es esa dura lección, que cabe en una máxima: no hay apuesta sin riesgo; ni acción que salga gratis. La belleza de acción y apuesta políticas caben enteras en esa insoslayable clave.
El militante que desmoronaba una luna a ladrillazos sabía, en una dictadura, el coste de eso; que iba, por supuesto, mucho más allá de la material reposición de la cristalería. El militante que apostaba por quebrar la (odiosa) legalidad vigente, lo hacía teniendo siempre bien presente el coste penal –desmesurado— de aquello. Sin ese riesgo, y sin su aceptación, nada de su apuesta –moral, política.., difícil era en aquel tiempo deslindar ambas— hubiera tenido el menor sentido. El jugador dice Pascal –pero, para Pascal, jugador es todo aquel que se enfrenta al mundo— no juega por el envite, pero sin envite no hay juego; sólo palabrería.
Al cabo, quizá el más preciso síntoma de la perfecta corrupción de lo político en nuestras sociedades sea precisamente esa pérdida de la dimensión moral del coste, del ineludible riesgo del envite. La monstruosa dejadez, la turbia pereza moral, que lleva a dar por supuesto que cualquier cosa puede hacerse, puesto que todo vale, y que ninguna, absolutamente ninguna, tiene por qué pagarse.
En una sociedad regida por normas de derecho, acusar a alguien de asesinato es una apuesta. Grave. Moral, por eso. A aquel que es acusado –porque asesino no es un insulto, sino un categoría tipificada por el código penal—, la verdad de lo expuesto le supondrá un coste carcelario altísimo. A aquel que acusa, si lo expuesto es falso, le corresponde un consecuente coste legal; acorde a la dimensión de la sombra que proyecta sobre el acusado.
Un militante de IU acaba de ser denunciado por publicar en la web acusaciones de asesinato sobre ciudadanos que, además de serlo, ostentan la condición de parlamentarios. En nada puede escandalizarle ese procedimiento. Si tiene razón y las actuaciones de los parlamentarios del PP han incurrido en ése que es el más grave delito contemplado por el código penal, el militante obtendrá un resultado histórico: mandar a la cárcel con penas de 30 años a la totalidad del grupo parlamentario gobernante. Si no puede probar sus acusaciones, le caerán 5 años a él. Son las reglas del juego.
El mismo día, y casi a la misma hora, Madrazo declaraba que “una actuación independiente de la Justicia, ilegalizaría la candidatura del PP en Bilbao”, porque uno de sus candidatos, Aznar, es “responsable político directo del asesinato de inocentes en Irak”.
Vale el mismo razonamiento.
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