Los viajes de los empresarios a Rumanía en busca de mano de obra para cubrir las ofertas de trabajo que rechazan los inscritos en el Inem constituyen uno de los mejores ejemplos posibles de la necesidad de continuar con las reformas estructurales del mercado laboral.
Los empleos ofertados por los empresarios, por supuesto, no son los mejores del mundo; en ese caso, habría más demanda que oferta y no se plantearía esta cuestión. Por el contrario, se trata de puestos de trabajo temporales en sectores como la hostelería vinculada a la temporada turística o la recogida de la fresa. Pero son puestos de trabajo, dignos, remunerados y con todas las garantías y obligaciones contractuales que exige la ley. La situación, por otra parte, no es nueva. Desde hace años, muchos empresarios, especialmente de la agricultura, la construcción y algunas ramas del sector servicios se ven obligados a contratar inmigrantes ante la imposibilidad de encontrar mano de obra entre los parados españoles. En un país con pleno empleo, se entendería que dichas ofertas quedaran vacantes y que hubiera que buscar en el extranjero personas que las cubrieran; en una nación con una tasa de paro del 11,5%, las más elevada de la zona euro resulta del todo punto incomprensible y pone de manifiesto la necesidad de corregirla si se quiere avanzar hacia el pleno empleo.
La forma de resolver el problema consiste, como es lógico, en atacarlo por su misma raíz. Ésta es, en primer término, la negativa de los parados a aceptar un empleo que implique un cambio de residencia, aunque sea de forma temporal. Según la última EPA, sólo uno de cada cuatro parados estaría dispuesto a cubrir una vacante si ello conlleva el irse a vivir a otra parte. El resultado de este desfase es que mientras en España hay provincias con pleno empleo que tienen que contratar inmigrantes, existen otras con altas tasas de paro en las que, además, también hay que buscar mano de obra en el extranjero. Esto nos lleva al segundo aspecto de la cuestión. El problema del paro se vive con especial intensidad en Andalucía y Extremadura, cuyas tasas duplican la media nacional, y más concretamente en sus respectivos medios rurales que son los que “disfrutan” del PER: si no lo tuvieran, ¿podrían permitirse el lujo de rechazar una colocación, aunque ésta fuera temporal y en un lugar distinto al de su residencia? Probablemente no.
La solución, por consiguiente, pasa necesariamente por una reforma en profundidad del sistema de protección del desempleo, que, en lugar de incentivar la permanencia en el paro, como sucede actualmente, estimule la búsqueda de trabajo y la aceptación de ofertas de colocación, sin limitación alguna en cuanto a distancias geográficas del lugar de residencia habitual. En Alemania quieren avanzar por esta dirección para que el paro que azota al país, especialmente a los menos desarrollados länder del este, sea un problema que tenga solución. En España se intentó lo mismo el año pasado pero el Gobierno, de forma incomprensible, retiró el paquete de medidas de reforma –el famoso “decretazo”- después de haber sufrido el coste político de su aprobación. Posiblemente, en esta legislatura no se volverá a tocar la legislación laboral, dado que queda menos de un año para las próximas elecciones generales. En la siguiente, dicha reforma debería figurar en lo más alto de las agendas de política económica, le guste o no a los parados y a los sindicatos.
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