La tenaz negativa de Atutxa a disolver el grupo parlamentario sustituto de Batasuna, apoyada en rebuscados resquicios legales que no fueron obstáculo alguno para que el Parlamento navarro tomara por su parte esta lógica decisión en cumplimiento de la sentencia del Supremo, tiene fecha de caducidad. En el momento en que el Supremo dicte la oportuna providencia, haciendo constar expresamente que el grupo parlamentario vasco “Socialistas Abertzales” (SA) debe ser disuelto, con el pase de sus diputados al Grupo Mixto de esa cámara, Atutxa no podrá seguir poniendo obstáculos sin incurrir en delito de desobediencia.
Cabe, pues, preguntarse por qué esa obstinación cuando, al fin y al cabo, la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza Batasuna ha de surtir más temprano que tarde todos sus efectos legales. Y, teniendo en cuenta la lógica política y los objetivos del PNV, sólo puede haber una respuesta: en el marco de esa tradicional necesidad que el PNV tiene de ETA y sus pantallas para poder seguir vendiendo “paz por soberanía”, el proyecto de Ibarretxe de “estado libre asociado a España”, si ha de cubrir las apariencias legales, implica una modificación del Estatuto vasco que, antes de ser confirmada por las Cortes y sometida a referéndum, ha de ser aprobada por mayoría absoluta del parlamento autonómico. Habida cuenta de que tanto el PP como el PSE se oponen al Euskorrico de Ibarretxe, el tripartito gobernante en Ajuria Enea (PNV, EA e IU) necesita los votos de los diputados de la ilegalizada Batasuna para proponer a las Cortes una modificación del Estatuto vasco que contemple el proyecto de Ibarretxe.
Así, el descarado apoyo que el PNV y EA están prestando a ETA y sus pantallas tendría como contraprestación el apoyo de los diputados batasunos –en principio reacios a aceptar el plan de Ibarretxe por “insuficiente”– en esa votación para la reforma del Estatuto. El principal escollo, sin embargo, para que el proyecto de “estado asociado” prospere es que la modificación del Estatuto, como toda ley orgánica, ha de ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso y el Senado. Y tal cosa sólo puede suceder en el caso de que el PP pierda la mayoría absoluta en las próximas Generales y de que se impongan en el PSOE las tesis de Maragall y Elorza. De ahí que Joseba Egibar, el interlocutor oficioso del PNV ante ETA, ofreciera a Otegi un “plante conjunto al Estado Español” cuya principal manifestación sería la celebración del referéndum sólo con la aprobación de la Cámara vasca, aun a pesar de la previsible negativa de las Cortes. Ni qué decir tiene que ello podría obligar al Gobierno y al Parlamento a decretar medidas extraordinarias, como la suspensión del Estatuto de Autonomía, en virtud del Art. 155 de la Constitución, cuya aplicación reclamó Francisco Vázquez el pasado viernes alegando que el Gobierno británico suspendió cuatro veces la autonomía de Irlanda del Norte en un plazo de 10 meses sin que ello supusiera una tragedia.
No cabe duda de que el PNV y sus asociados presentarían la suspensión del Estatuto de Autonomía como un atropello a la voluntad del pueblo vasco “soberano” representada en el parlamento autonómico, e intentarían divulgar a través de sus órganos de propaganda internacional las especies habituales de que en España no se respetan los derechos de las minorías o que el Estado Español tortura y oprime a un pueblo que suspira por su liberación.
Probablemente, los nacionalistas, acostumbrados a colgar el estigma de “nostálgico del franquismo” a todo aquel que se atreviera a criticarlos, todavía creen, juzgando por la impunidad de la que han gozado en España, que esos “argumentos” surtirán efecto una vez más en la esfera internacional. Pero España, después de 25 años de democracia, ha salido de su aislamiento y marginalidad internacional y ha ocupado al fin el lugar que le corresponde en el grupo de cabeza de la comunidad internacional. Por ello, hoy, ningún gobierno del mundo está dispuesto a apoyar o dar crédito –excepción hecha, naturalmente, de Castro, Chávez y similares– a las patrañas de los nacionalistas. Sobre todo cuando destacados escritores e intelectuales han denunciado en un manifiesto el apartheid nacionalista y su complicidad pasiva con los crímenes de ETA, cuyas pantallas políticas ya están inscritas en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y Europa.
El PNV y sus aliados etarras pueden, ciertamente, llevar la política nacional a extremos de crispación y ruptura institucional nunca vistos anteriormente, con la esperanza de doblegar a un futurible Gobierno en minoría que no tenga muy clara la cuestión nacional. Pero en su fuero interno saben perfectamente que, aun cuando lo consigan, ni Europa, ni probablemente EEUU, aceptarían la separación del País Vasco de España
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