Excepción hecha del Pacto Antiterrorista, la labor de oposición del PSOE –pendiente de las encuestas coyunturales de intención de voto– se ha limitado casi exclusivamente a esperar los fallos y a intentar sacar partido por medios poco ortodoxos de las debilidades del Gobierno sin llegar a definir un proyecto político que sirva de alternativa real al gobierno del PP. No cabe duda de que, objetivamente, el Gobierno cometió errores en la gestión de la crisis del Prestige. Ni Aznar ni los miembros de su gabinete estuvieron a la altura de las circunstancias, especialmente en los primeros días de la catástrofe. Sin embargo, la torpeza de Zapatero y Caldera –que, en lugar de hacer críticas razonables y propuestas constructivas para paliar los efectos de la catástrofe y evitar en el futuro situaciones similares, prefirieron alinearse con los antisistema del BNG–, así como la posterior reacción del Gobierno, han impedido al PSOE sacar el rédito electoral del voto de castigo al PP que Zapatero creía al alcance de la mano y que, probablemente, capitalizará el BNG.
Tampoco supieron en el PSOE capitalizar el sentimiento pacifista de los españoles en la crisis de Irak, motivado en muy gran medida, una vez más, por la incapacidad del Gobierno para explicar y defender los fundamentos de su política. Dejando al margen la cuestión de legalidad o ilegalidad de la guerra, de su justificación o de su conveniencia de cara a los intereses de España –aspectos sobre los que ya nos hemos pronunciado reiteradamente en este diario–, el PSOE volvió a cometer el error de alinearse con los grupos antisistema en una operación de acoso y derribo al Gobierno que vulneró en reiteradas ocasiones las más elementales reglas del juego democrático y que, en buena medida, ha ahuyentado probablemente a los votantes pacifistas moderados. La primera prioridad de un partido que aspire a gobernar debe ser, precisamente, garantizar el orden, la legalidad y el respeto a las reglas del juego democrático, no dar alas y argumentos a quienes las vulneran sistemáticamente. Con su actitud, probablemente el PSOE sólo ha conseguido beneficiar a una moribunda Izquierda Unida.
Pero, en lugar de rectificar y encauzar el debate político hacia las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos –es sorprendente, por ejemplo, la escasa atención que los candidatos del PSOE han prestado a la solución de problemas como el de la vivienda o el de la seguridad ciudadana, los puntos flacos de la gestión del PP–, Zapatero insiste en convertir estas elecciones municipales y autonómicas en un voto de censura al PP sobre el Prestige y la participación en una guerra que, objetivamente, ha liberado al pueblo iraquí de una de las dictaduras más sanguinarias del siglo XX y que ya ha recibido la “bendición” de Francia y Alemania. Seguir insistiendo en que sólo unos pocos países apoyaron a EEUU y Gran Bretaña en la guerra contra Sadam, cuando la realidad es justo la contraria, y atribuir, como hizo el lunes, los atentados de Casablanca a la participación de España en la Coalición que depuso a Sadam, son demagógicas frivolidades impropias de alguien que aspira a dirigir la política de una de las naciones más importantes del mundo, la cual, además, tiene un grave problema de terrorismo dentro de sus fronteras.
Tanto es así, que El País, órgano oficioso de la progresía y oráculo de la política del PSOE desde que Zapatero decidiera ponerse al servicio de los intereses de Polanco, ha tenido que llamar la atención al líder del PSOE y recordarle que “los atentados de Casablanca tenían un hilo conductor en el odio antioccidental y antisemita y en los deseos de desestabilizar a un régimen aliado de EEUU, como es el marroquí (...) Nada demuestra que, de haber seguido el Gobierno del PP otra política, no se hubieran producido tales atentados”. Es decir, la inhibición de España en la guerra contra el terrorismo no sólo no libraría a nuestro país de los ataques de los fanáticos islamistas, sino que, además, nos impediría aportar nuestra experiencia y ejercer nuestra influencia en los ámbitos de decisión internacionales.
La ausencia de propuestas en materia económica que, al menos, no comprometan los innegables logros del PP, la indefinición en materia de política nacional y la oposición frontal a la política internacional desarrollada por el Gobierno –que ha convertido a España en estrecho aliado de EEUU y en una de las primeras figuras del concierto internacional y que ya ha empezado a rendir sus primeros frutos (la prospripción de Batasuna en EEUU y en Europa)– no son activos políticos que encandilen precisamente al electorado de centro, la clave de todas las elecciones. Sobre todo si se tiene en cuenta que, a pesar de los deseos de Zapatero, en el ánimo de los electores han de influir mucho más las cuestiones nacionales, locales y autonómicas que la política internacional; materia ésta que, a causa del largo aislamiento y marginación que ha padecido España durante largas décadas, todavía es un factor secundario en las prioridades de los ciudadanos. Es más, precisamente por esto último, es posible que a medio plazo los beneficios de volver a representar un papel preponderante (inédito desde el siglo XVIII) en la política internacional acaben traduciéndose en un mayor respaldo a la política del PP.
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