La República Dominicana ha sido testigo del destape más obsceno de corrupción pública y privada de toda su historia, al develarse el más grande sistema establecido para corromper a funcionarios, políticos, militares y líderes de la opinión pública.
En la trama se hicieron socios de la succión bancaria que desde 1989 comenzó a realizarse hasta concluir con el despilfarro y desfalco de por lo menos 55 mil millones de pesos (2.200 millones de dólares), equivalente al 67% del presupuesto nacional de la República Dominicana de este año y al 15% del Producto Interno Bruto.
Las acciones fraudulentas fueron posibles por la complicidad de los funcionarios del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y de las autoridades políticas que durante 14 años ocuparon las posiciones más relevantes del Palacio Nacional.
El fraude fue posible también por la complicidad del sistema político. El dinero que se manejó y se distribuyó entre partidos políticos, campañas electorales, legisladores, militares, periodistas, funcionarios del Gobierno y los regalos que se hicieron vía tarjetas de crédito que portaba mucha gente, corrompió en sus entrañas al Estado, a los partidos y sus líderes, a los funcionarios públicos, a las iglesias y a la intelectualidad, y eso hizo posible el ocultamiento de la más grande conspiración económica contra el país.
¿Cómo es posible que un banco privado, el Banco Intercontinental (Baninter), pagara los gastos de inteligencia del Gobierno, o que tuviera un sistema de inteligencia paralelo? Eso es contrario a todo principio ético y democrático. Como lo es que los gobiernos hayan permitido, incluyendo las autoridades del Banco Central, la Superintendencia y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que un grupo financiero haya adquirido vorazmente tantos medios de comunicación, sin que nadie observara el peligro que ello representaba para la sociedad.
Hoy se quiere presentar el problema financiero como si fuera político y se quiere alegar un atentado a la libertad de expresión. Para que los medios de comunicación incautados por las autoridades puedan seguir subsistiendo, el Banco Central tendrá que seguir emitiendo dinero inorgánico, aumentando de ese modo la masa monetaria y adicionando nuevos elementos al ya traumático costo económico, que sólo en desembolsos del Banco Central ha implicado 41 mil millones de pesos.
Baninter era el propietario del más importante de los diarios dominicanos, Listín Diario, un periódico fundado hace 114 años que ha sido ambicionado y utilizado por casi todos los gobiernos desde 1961 hasta la fecha. También poseía los diarios Ultima Hora (vespertino gratuito), El Expreso (matutino gratuito), El Financiero (diario especializado en finanzas) y hasta hace poco era propietario de los diarios El Siglo (tercer matutino en circulación nacional), cerrado en 2001, y La Nación (vespertino), cerrado también por decisión de los dueños.
Ese mismo grupo era propietario de los canales de televisión (de banda abierta) Telecentro Canal 13, Antena Latina Canal 7 y de los canales de banda cerrada Supercanal 33, Red Nacional de Noticias Canal 27 y otros, además de una compañía nacional de telecable, con más de 20 estaciones locales de televisión y de 76 emisoras en todo el territorio nacional.
Prácticamente todos esos medios son ahora parte del patrimonio incautado a los responsables de la quiebra del banco, de los cuales tres guardan prisión en este momento. Dos de esos medios se inauguraron en diciembre del año pasado: el diario El Financiero y el canal de televisión especializado en noticias “Red Nacional de Noticias”, sin duda el más moderno de la República Dominicana.
Esta crisis representa un serio dilema para el país: prohibir o no que los grupos financieros sigan siendo los dueños de los medios de comunicación de la República Dominicana. Hasta ahora no ha habido ninguna limitación a ese aspecto de la libertad de empresa, pero habría que analizarlo porque ese grupo económico conformó un poderoso imperio que utilizó para silenciar cualquier posibilidad de crítica y para impedir, con relaciones políticas y sobornos de toda índole, que su crisis se hiciera pública.
El otro dilema es para los periodistas. Muchos profesionales del periodismo quedaron atrapados en esa telaraña y algunos perdieron las perspectivas, pensando y sosteniendo que la decisión de las autoridades de incautar los medios es un atentado a la libertad de expresión, cuando en realidad se trata de poner en resguardo lo que queda del fraude de 2.200 millones de dólares contra la empobrecida economía dominicana.
Fausto Rosario Adames es periodista dominicano.
© AIPE
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