Durante el curso 2001-2002 en España se matricularon 6.830.989 escolares en los niveles no universitarios. De ellos, 201.518 –es decir, el 2,95%– no tenían la nacionalidad española. Este alumnado extranjero se reparte de forma desigual por la geografía española. En algunas comunidades –como Madrid, Baleares, Canarias, Murcia, Valencia o Cataluña–, más del 3,5% de los escolares son extranjeros, mientras que en otras –como Extremadura, Galicia, Andalucía o País Vasco– no llega al 2%.
El Defensor del Pueblo acaba de hacer público un informe en el que se denuncia que la mayor parte de los niños inmigrantes acude a centros públicos. Este informe recoge una queja que se estaba oyendo desde hace tiempo en el mundo educativo. Representantes de diferentes sindicatos y asociaciones defensoras de la enseñanza pública acusan constantemente a los centros concertados de evitar, de una forma más o menos velada, la inscripción de hijos de inmigrantes.
Es cierto que el porcentaje de alumnos matriculados en centros públicos es superior cuando se trata de escolares extranjeros que cuando se hace referencia al conjunto total del alumnado. La diferencia es notable pero, a mi modo de ver, no escandalosa. En España, el 80,9% de los escolares extranjeros se concentra en centros públicos mientras que, para el total de nuestro alumnado, ese porcentaje es del 67,5%. Una diferencia que, curiosamente, se hace mucho mayor en Cataluña, Baleares y el País Vasco.
Madrid es la Comunidad Autónoma que registra una mayor proporción de alumnos no españoles. En el curso pasado, de sus 896.265 escolares, 57.461 –esto es, el 6,4%– eran extranjeros. Según se desprende de los datos oficiales, el 73 % de ellos estudia en centros públicos mientras que sólo el 56,5% del alumnado total lo hace.
Si prestamos atención al lugar de procedencia de esos alumnos extranjeros, resulta que, en Madrid, el 88% de los niños africanos, el 80% de los que han llegado de la Europa no comunitaria, el 75% de los iberoamericanos, el 63% de los asiáticos y el 35% de los que vienen de países de la Unión Europea estudian en centros públicos.
Es pues absolutamente cierto que la mayoría de los alumnos con más problemas de integración, africanos y europeos no comunitarios, van a la escuela pública. Lo que ya no está tan claro es que esto suceda porque los colegios privados, concertados en su mayoría, no los acepten. En varias ocasiones se ha sabido que padres marroquíes se han negado a llevar a sus hijas a colegios religiosos porque no querían llevar uniforme o porque les molestaba la presencia de crucifijos.
Por otra parte, sería interesante discutir si la escuela mal llamada privada puede permitirse la libertad de elegir a sus alumnos cuando se mantiene con el dinero público. A mi modo de ver, los conciertos de los colegios fueron un caramelo envenenado para la enseñanza privada. Cuando el gobierno subvenciona, el gobierno exige y si ese gobierno está en contra de la libertad de enseñanza, lo que exigirá es que esos centros subvencionados se comporten exactamente igual que los que él, directamente, controla. Esto es, probablemente, lo que ocurrirá en Madrid cuando Simancas tome posesión de su cargo de Presidente de la Comunidad.
A los guerristas siempre les molestó lo que llamaban “dualidad del sistema educativo”. Luis Gómez Llorente, uno de los mayores expertos socialistas en temas de educación, ha mantenido siempre que el sistema “comprehensivo” de escuela ha fracasado en España porque se ha permitido la existencia de una escuela privada al alcance de los bolsillos de mucha gente y con cierta libertad de gestión y organización.
El sistema de enseñanza concertada es ya tan fuerte que no será posible eliminarlo, lo que sí puede hacer la coalición socio comunista de Madrid es exigir a los centros que cumplan ciertas condiciones si quieren ver renovados sus conciertos. Lo cual no sería tan malo si la enseñanza pública gozara de buena salud pero, desgraciadamente y a pesar de los últimos remiendos, está ya al borde del fallecimiento.
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