James Lemoyne, asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Colombia, concentró sus recientes declaraciones sobre el conflicto armado en lo que llama “intercambio humanitario”, las causas del conflicto y las razones por las cuales ha sido imposible ponerle fin. Sorprendentemente, el Sr. Lemoyne demuestra un profundo desconocimiento de lo realmente sucedido en Colombia y un alto grado de confusión, preocupante en un funcionario internacional cuya principal misión es ayudar a poner fin a la violencia en Colombia.
Para el Sr. Lemoyne, nacido en Alemania pero ciudadano de Estados Unidos, la razón por la cual el conflicto armado no termina es porque la “clase política, social y económica de este país” se resiste a hacer los “sacrificios” necesarios para terminarlo. En pocas palabras, el enviado de la ONU atribuye el mal a falta de voluntad de una clase dirigente que quiere conservar sus privilegios a toda costa.
Tras 40 años, el conflicto colombiano responde a dinámicas complejas. El modelo simplista de Lemoyne muestra una lucha armada causada por desigualdades sociales y esa lucha se libra contra una dirigencia malvada que retiene sus privilegios a sabiendas de que son la causa del conflicto. Ese es un modelo erróneo que ignora factores tan complejos como la lucha por el control territorial y el narcotráfico. Este último factor, por sí sólo, exigiría un análisis más profundo que el hecho por Lemoyne.
Si la realidad colombiana fuese la descrita por Lemoyne, la guerrilla gozaría de gran apoyo popular. Los pobres apoyarían a grupos cuya supuesta bandera es el fin de los privilegios y las desigualdades. Sin embargo, en Colombia es fácil comprobar que el apoyo popular a la guerrilla es minúsculo, casi inexistente. Y no podemos ignorar que gran parte de ese minúsculo apoyo lo obtienen por la fuerza. De hecho, quien vive en el Guaviare o en las montañas del Cauca no tiene otra opción que apoyar a la guerrilla para sobrevivir.
El Sr. Lemoyne, tras ofrecer su interpretación del conflicto, sugiere las reformas que la clase dirigente se ha negado a hacer. De forma vaga, Lemoyne alude a las políticas del New Deal norteamericano, al modelo socialista sueco y a la necesidad de una mayor tributación. ¿Mayor tributación en una economía ya exprimida hasta la médula por los impuestos? ¿Políticas tipo New Deal en un estado quebrado y en un mundo que ha visto fallar esas políticas consistentemente?
Es cierto que la sociedad colombiana necesita comprender cabalmente las causas de nuestro conflicto, pero tal proceso no puede comenzar utilizando un modelo tan mediocre y simplista como el esbozado por el enviado de la ONU. Y es cierto que nuestra sociedad necesita reformas profundas, que permitan acabar con los vicios que dificultan su progreso e integración: la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, etc. Pero las reformas que Colombia requiere distan mucho de las sugeridas por Lemoyne. Colombia necesita reformas estructurales para crear las condiciones que fomenten el desarrollo económico, en un ambiente de transparencia y vigencia del Estado de Derecho. Colombia necesita estimular la inversión, el comercio y la actividad económica, pero lo peor que podríamos hacer sería seguir las recomendaciones de Lemoyne. Con más impuestos paralizaríamos el proceso. Un estado más fuerte y activo le quitaría espacio a la inversión privada (único generador estable de riqueza), a la vez que una buena parte del producto de esa actividad se malgastaría dada la ineficiencia y frecuente corrupción del sector público y sus sindicatos. Si el Sr. Lemoyne quiere buscar en Colombia un grupo privilegiado que se resiste a las reformas, lo encontrará en los sindicatos del sector público, auténticos beneficiarios de privilegios exorbitantes, cuyo costo paga toda la sociedad.
Cuando irresponsablemente en medio de negociaciones se habla de “sacrificios”, ello conduce a sacrificar valores fundamentales como la democracia y las libertades. Este peligro es mayor en Colombia, donde la negociación se ha convertido en un valor en sí, por lo que es válido sacrificar cualquier cosa. El filósofo Fernando Savater, refiriéndose al conflicto vasco, dice con gran lucidez que la sociedad no tiene por qué hacer concesiones para que se le devuelva lo que en rigor le pertenece: la vida, la paz, las libertades y los derechos fundamentales.
Afortunadamente, nuestra ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, rechazó la posición de James Lemoyne, calificándola como una abierta defensa de los intereses de los terroristas: “Un diplomático justificando como ideología semejantes violaciones de los derechos humanos no tiene antecedentes. Son los colombianos y las instituciones democráticas quienes merecen el apoyo internacional y no las organizaciones terroristas".
© AIPE
Andrés Mejía-Vergnaud es director General del Instituto Desarrollo y Libertad de Bogotá.
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