Este viernes se ha consumado el peor de los presagios. El Parlamento vasco, su Junta de Portavoces, ha decidido entrar en la ilegalidad, incumplir el auto del Supremo de 20 de mayo. El alto tribunal posiblemente espere a que se cumpla el plazo de cinco días que dio esta misma semana para que el grupo político sucesor de Batasuna sea ilegalizado y no pueda actuar como tal en el Parlamento vasco. A partir de ahí, notificará a la Fiscalía la situación y si los integrantes de la Junta de Portavoces o el presidente del Parlamento vasco han incurrido en un delito de desobediencia. Este delito tiene una sanción prevista de inhabilitación de hasta 2 años y conlleva una multa. Teniendo en cuenta que los posibles encausados son aforados, el órgano competente para conocer de esta cuestión será el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Lo fundamental no es esta posible sanción —tampoco tan gravosa—, sino el que una resolución del Tribunal Supremo se incumpla porque un Parlamento autonómico se niegue, sin más, a cumplirla. Porque excusas puede haber muchas, pero al final está claro que el Tribunal Supremo no ha invadido las competencias de nadie y menos la autonomía organizativa del Parlamento vasco: sólo desea cumplir el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Un asunto que en la práctica tiene hasta casi poca importancia, el mantenimiento como grupo parlamentario propio de Sozialista Abertlzaleak, se ha convertido en un tema fundamental para nuestra democracia. Evidentemente los efectos más importantes de la sentencia de 27 de marzo de la Sala del 61 del Tribunal Supremo ya se han cumplido: Batasuna no se ha podido presentar a las elecciones municipales y forales, como tampoco se podrá presentar a las próximas autonómicas. Pero resuelto este punto el problema ha surgido en un tema mínimo: el Parlamento vasco se niega a ejecutar un auto del Tribunal Supremo que casi no va a tener efectos prácticos, a menos que se entienda como esencial el que el grupo parlamentario sucesor de Batasuna se integre en el grupo mixto y tenga menos tiempo para participar en los debates de la Cámara vasca.
Un hecho tan mínimo lo ha convertido Atutxa en un enfrentamiento con la cúspide del Poder Judicial y va a obligar al Tribual Supremo a actuar contra el presidente del Parlamento vasco. Además, si el incumplimiento, en la práctica, se mantiene, no sería descartable que el Gobierno tuviera que convocar al Senado para utilizar la vía del artículo 155 de la Constitución, un precepto pensado para cuando una Comunidad Autónoma no cumpla las obligaciones que la propia Constitución o las leyes le impongan, y que daría lugar a que fueran las propias instrucciones del Gobierno las que obligaran a cumplir esta resolución judicial.
En cualquier caso, espero que el nacionalismo vasco tenga los suficientes reflejos para recapacitar y entienda que las consecuencias de este choque con el Poder Judicial, poniendo en juego no sólo la estructura autonómica de España, también su división de poderes, tiene que traer consecuencias gravísimas, que incluso pueden significar la supresión de la autonomía vasca, una autonomía que, como el resto, proviene de la Constitución, y que, como es natural, debe acomodarse a las exigencias de un Estado de Derecho en donde las decisiones judiciales se cumplen, no se votan en los Parlamentos.
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